García Tejerina ha explicado que la normativa comunitaria establece un régimen fitosanitario especial de protección para las Islas Canarias, lo que en la práctica otorga al archipiélago «un estatuto de país tercero» por la Unión Europea (UE) en dicha materia.
«En esta situación, el Gobierno no es competente para fijar las condiciones en las que los productos agrícolas canarios pueden introducirse en el resto del territorio español», ha añadido.
Ha reconocido la validez del protocolo para la eliminación de la polilla guatemalteca que ha desarrollado el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), tras resaltar que ha sido una referencia en el Real Decreto 197/2017 que establece el programa nacional de erradicación de la plaga en Galicia y Asturias.
Dicha normativa, publicada el pasado 4 de marzo, no es de aplicación para el territorio canario, donde la plaga, detectada en 1999, «está ampliamente distribuida y su erradicación no es posible», según consta en su texto.
