Hacer un ranking de la corrupción en España podría ser ilustrativo de la situación que vivimos y que hemos vivido. Incluso sería divertido comparar la gravedad de los casos. Cuántos puntos daríamos a Filesa y cuántos a Gurtel, cuántos a Roldán y cuántos a Kitchen, así sucesivamente hasta comparar todos, los de un lado y los del otro.
Obtendríamos una puntuación final y creeríamos saber qué partido es el más corrupto. Pero lo cierto es que no acertaríamos porque los casos que conocemos son la punta del iceberg de un sistema corrupto por decisión de los partidos que nos gobiernan y que en ningún momento han decidido establecer otro que frene la ola.
Ni lo hará Feijóo cuando llegue al poder, ni Sánchez cuando llegó de la mano de una moción de censura contra la corrupción del otro. Nunca estuvo ni está en el programa electoral de los dos.
Para entender esto recomiendo la lectura del libro La Corrupción en España, Un problema Enquistado, escrito por Joaquim Bosch y Fernando Jiménez. Es ilustrativo de cómo han funcionado los partidos políticos en su ansia de financiación y como seguirán haciéndolo si no se adoptan las medidas legales que imperan en las democracias más avanzadas, entre ellas las nórdicas, británicas, francesa, alemana, suiza, etc.
Estamos ante una politización de las Instituciones insoportable toda vez que los cargos directivos son desempeñados por gente del partido gobernante que son sustituidos por gente del partido entrante. En ningún caso se encomienda la función directiva a los funcionarios públicos más cualificados que han accedido a su puesto bajo el mandato constitucional de igualdad, mérito y capacidad.
Afortunadamente aún conservamos el sistema de oposiciones para los puestos más relevantes de la Función Pública. Denles tiempo y todo se andará.
La situación sería sensiblemente diferente si los puestos directivos fueran ocupados por los funcionarios como ocurre en las democracias señalas. El clientelismo desaparecería y las apretadas y voluminosas filas de colaboradores adeptos a los partidos adelgazarían porque sus esperanzas de prosperar se debilitarían.
La corrupción es sistémica y está favorecida por déficits estructurales de control de la contratación pública, imparcialidad y rendición de cuentas. No hay más que ver cómo se inflan los contratos de obra pública conforme se van ejecutando.
Controles insuficientes en manos de directivos del partido gobernante y reglas mal diseñadas para ejercerlos, cuando debería ser una actividad encomendada a los funcionarios más cualificados elegidos entre los mejores y vigilados como si fueran los peores, según establecía la democracia griega. Las decisiones políticas corresponden a los políticos elegidos democráticamente que deciden la inversión pero la ejecución debe corresponder a los técnicos.
La esperanza es que el problema no es cultural. La ciudadanía no lo acepta. Sabe que nos empobrece. No podemos caer en la trampa de considerar a los noruegos más éticos y decentes que nosotros sureños. La diferencia es el sistema de unos y otros. Debemos aprender que no es cuestión de color político sino de ausencia de normas eficaces.
El problema es institucional y va desde las puertas giratorias que utilizan unos y otros, a la construcción de aeropuertos o auditorios inservibles, o la contratación de miles de asesores.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cifra en un informe elaborado hace años en 47.000 millones de euros el sobrecoste social que provoca la corrupción. Imaginen el volumen de facturación que tienen las grandes constructoras.
Todo esto en las tres administraciones, Local, Autonómica y estatal.
Limpiar la vida pública es fortalecer la democracia.
