UPA Huelva denunció el pasado jueves una nueva práctica «inaceptable» por parte de la gran distribución con un producto como la fresa «al vender a pérdidas mientras arruinan al agricultor», algo que consideran supone «una especulación inaceptable».
El secretario general de la organización, Manuel Piedra, ha indicado, a través de un comunicado, que esta estrategia «no solo devalúa el producto, sino que perjudica gravemente a los agricultores en plena campaña, obligándolos a vender por debajo de los costes de producción».
«Aldi, lo podéis ver en la televisión, en los anuncios, aprovecha la fresa para hacer campaña de que vayamos a su supermercado a consumir otros productos y pone la tarrina a 0,99 euros. No llega a dos euros. Si ellos la venden a ese precio, imagínense a cuánto nos la están pagando a nosotros: a menos de 50 céntimos«, ha precisado.
Estos precios suponen pérdidas directas para el productor: «Hablamos de una situación lamentable y que está prohibida por la Ley de la Cadena Alimentaria. Cada kilo que recoge hoy un agricultor en la provincia de Huelva le está costando dinero. No solo no cobra, sino que pone dinero de su bolsillo, porque hay que pagar transporte, envases y mano de obra».
Ha desmontado uno de los argumentos habituales de la distribución: «Dicen que venden más caro por el transporte o el envase, pero eso es falso. El envase, la tarrina, todo lo paga el agricultor, que tiene que detraer esos gastos de lo que cobra en origen. Incluso cualquier presentación más atractiva para vender mejor la paga el productor. Ellos simplemente descargan el camión y colocan el producto en lineal».
UPA Huelva ha indicado que el margen comercial que están aplicando las grandes superficies es «desproporcionado e injustificable»: «No es de recibo que se estén quedando con más del 400 % del valor del producto. Se están aprovechando del trabajo y del esfuerzo de los agricultores y de los jornaleros», ha subrayado Piedra.
La organización agraria trasladará toda la información recabada a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) para que investigue una posible infracción de la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe expresamente la venta a pérdidas en el eslabón primario.
Ha lanzado además un mensaje directo al sector de la distribución: el uso de productos agrícolas como reclamo comercial «tiene consecuencias» y pone en riesgo la sostenibilidad de miles de explotaciones.
