La organización agraria COAG ha hecho balance del año agrícola este viernes, un ejercicio del que destaca que, según datos del propio Ministerio de Agricultura, un 6,6 % de sociedades jurídicas acaparan ya el 42 % del valor de la producción que se genera en el campo español.
A su juicio, los datos macroeconómicos enmascaran una «creciente pérdida de poder adquisitivo de los pequeños y medianos agricultores» y, por ejemplo, en los últimos 20 años, los principales inputs para producir se han encarecido un 92 %, mientras que la renta agraria total (descontada la inflación) ha experimentado en 2024 una subida del 10,8 % respecto a 2023.
«En este contexto, quién se beneficia de la subida de la renta agraria, nuestros pueblos o accionistas de Wisconsin o la City de Londres», se ha preguntado el secretario general de COAG, Miguel Padilla.
COAG ha advertido de que en 2024 el proceso de «uberización» del campo español se ha acelerado al igual que el auge de los fondos de inversión especulativos.
Aumento significativo
Además ,la compraventa de fincas rústicas ha experimentado un aumento significativo, con un incremento del 20 % en comparación con 2019, un auge que «está siendo liderado por grandes fondos de inversión de capital de riesgo, tanto nacionales como extranjeros, que buscan grandes fincas con derechos de agua, en cultivos atractivos como los leñosos y súper-alimentos».
Según sus datos, en la actualidad, en la península Ibérica más de 900 fondos poseen ya tierras valoradas en más de 100.000 millones de euros.
En su balance del año, COAG también se ha referido a las «históricas tractoradas» que culminaron con una gran tractorada por el centro de Madrid en febrero de 2024.
Ha recordado, que tras las mismas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación puso sobre la mesa un documento con 43 buenas intenciones que no contó con el refrendo de las organizaciones agrarias COAG y Asaja y que se ha demostrado «claramente insuficiente para dar respuesta a las principales demandas del sector».
COAG ha centrado sus demandas en el rechazo al acuerdo con Mercosur y supsensión del acuerdo entre la UE y Marruecos, la recuperación del principio de preferencia comunitaria frente a las importaciones «sin control que no cumplen las normas comunitarias», un plan de choque ante el incremento de los costes de producción, otro plan de ayudas para la agricultura continental, una nueva política hidraúlica y la suspensión de la inclusión del lobo en el Lespre.
