El régimen sancionador de lucha contra la morosidad en el sector del transporte por carretera aprobado a finales de 2021, unido a la intensa actividad llevada a cabo por los Servicios de Inspección de Transporte en este ámbito en el último año, con una campaña de control llevada a acabo de oficio tanto a empresas cargadoras como intermediarias, están contribuyendo de forma decisiva a mejorar la situación de los plazos de pago a los transportistas.
Así, el pasado mes de diciembre se produjo una fuerte disminución en los plazos de pago frente a los meses anteriores, conforme a los resultados obtenidos del Observatorio permanente de la morosidad que Fenadismer elabora mensualmente en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, situándose en 66 días de media, por tanto muy próximo al plazo de máximo legal de pago que marca la ley. Ello ha supuesto que en 2023 la media anual se haya situado en 69 días, frente a los 74 días en 2022 y los 83 días en 2021, año en el que se aprobó el régimen sancionador en materia de morosidad en el sector del transporte por carretera, lo que ha contribuido a una reducción en los plazos de pago de casi el 20% a lo largo de estos 2 años.
En este mes de las empresas cargadoras e intermediarias que incumplen la legislación sobre morosidad, en el 66% de los casos los excesos de plazo de pago son leves, esto es, entre 60 y 90 días. Sin embargo, en el lado opuesto hay un 11% de empresas incumplidoras que aún pagan de 120 días, aunque inferior al que se producía en 2022 en el que esta franja de incumplimiento se situaba en más del 20%.. En cuanto a los medios de pago que son utilizados más habitualmente para el pago de los servicios de transporte, continúan siendo por este orden la trasferencia (70%), seguido del confirming (27%), el pagaré (3%) y el cheque (<1%).
