Los datos correspondientes al pasado mes de junio del Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte por carretera en España, que elabora mensualmente Fenadismer, reflejan una importante reducción en los plazos de pago a los transportistas.
El régimen sancionador de lucha contra la morosidad en el sector del transporte por carretera aprobado a finales de 2021, unido a la intensa actividad de los Servicios de Inspección de Transporte en este ámbito en los últimos meses, con una campaña de control llevada a cabo de oficio tanto a empresas cargadoras como intermediarias, están contribuyendo de forma decisiva a mejorar la situación de los plazos de pago a los transportistas.
Así, en junio se produjo una fuerte disminución en los plazos de pago frente al mes anterior, situándose en 66 días de media, frente a los 70 días del mes anterior, como ha constatado el citado Observatorio que Fenadismer elabora mensualmente en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte.
En ese mes, el porcentaje de empresas cargadoras e intermediarias que incumplieron la legislación sobre morosidad se situó en el 54 %, aunque en la mayoría de los casos los excesos de plazo de pago son leves.
Así, del porcentaje de empresas incumplidoras, un 61 % pagó a menos de 90 días y sólo un 9 % a más de 120 días, teniendo en cuenta que esta franja de incumplimiento en 2022 se situaba en más del 20 %.
Medios de pago
En cuanto a los medios de pago utilizados más habitualmente, continúan siendo, por este orden, la trasferencia (70 %), seguido del confirming (26 %), el pagaré (4 %) y el cheque (<1 %).
En este sentido, para mejorar en la lucha contra la morosidad, la Comisión Europea ha confirmado que está trabajando en un proyecto de modificación de la actual Directiva sobre retraso en los pagos, para establecer nuevas medidas que hagan más efectivo el cumplimiento de dicha normativa, teniendo en cuenta que la morosidad en las transacciones comerciales tiene múltiples efectos perjudiciales, especialmente entre las pymes, provocando una de cada cuatro quiebras en la Unión Europea.
