Parece que Europa le ha declarado la guerra a la fresa española. De hecho, si hace unos días desde el colectivo Campact se instigaba a los principales retailers europeos a no comprar fresa onubense, ahora es el Consejo de Europa quien critica la «inacción» de las autoridades españolas ante las condiciones en las que viven los trabajadores inmigrantes.
En un informe de evaluación de España, el Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa (Greta) se queja de forma general de que, si bien la Administración española actúa contra la explotación sexual de mujeres y chicas, «se hace mucho menos para detectar e identificar a víctimas de otras formas de explotación, en particular la laboral«.
Para preparar esta tercera ronda de examen, lanzada en junio de 2021, una delegación del Greta realizó una visita del 4 al 8 de julio de 2022 a España y estuvo, entre otros lugares, en las áreas de producción de fresas en Huelva.
En ese momento, había allí 25 asentamientos de temporeros en los que vivían 914 inmigrantes -muchos menos que en temporada de recogida-, de los cuales 99 mujeres, en su mayor parte sin papeles y procedentes de Marruecos, Mali y Ghana.
El Consejo de Europa señala que no había acceso al agua de boca ni electricidad en los asentamientos, y que carecían de condiciones de salubridad.
Según las ONG con las que estuvieron en contacto los expertos, algunos migrantes eran explotados laboralmente e incluso podían ser considerados víctimas de trata.
En concreto, trabajaban más horas de las legales con remuneraciones inferiores al salario mínimo y en algunos casos ni siquiera se les pagaba.
No hay víctimas de trata
Las ONG también les alertaron de casos de mujeres que eran explotadas sexualmente en los asentamientos y podían ser víctimas de trata para su explotación sexual.
El Greta señala que los inspectores de trabajo no tienen mandato para ir a los asentamientos.
Quien sí que va regularmente es la Guardia Civil, sobre todo cuando hay incidentes o para identificar a personas vulnerables, como mujeres embarazadas o con niños.
En cualquier caso, subraya que pese a la situación que describe no se han identificado oficialmente víctimas de trata en esos asentamientos de Huelva, y recuerda que hay otros similares en diferentes puntos del territorio español.
Por eso, dice estar «profundamente preocupado por la inacción de las autoridades con esta situación humanitaria que dura desde hace años y genera elevados riesgos de tráfico de personas«.
Faltan inspectores de trabajo
Los expertos del Consejo de Europa señalan que, cuando hicieron su visita el pasado año, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) contaba con una plantilla de 857 inspectores y 1.030 subinspectores, a los que hay que sumar 148 en Cataluña y 50 en el País Vasco.
Eso equivale a una media de uno por cada 19.000 trabajadores, una tasa que está «lejos de la referencia razonable» establecida por la Organización Mundial del Trabajo (OMT), que es uno por cada 10.000.
Además, para los representantes de las ONG con los que se entrevistó el Greta, los inspectores no están suficientemente formados para detectar la trata de personas.
En su informe, a partir de las cifras oficiales españolas, constatan que el número de presuntos casos de trata por explotación laboral ha permanecido estable en los últimos años: 18 en 2018 (con 94 víctimas), 17 en 2019 (con 192), 20 en 2020 (con 99), 21 en 2021 (con 51) y 29 en 2022 (con 89).
Y denuncian que el número de procedimientos judiciales «se mantiene bajo»: 2 en 2018 (con 5 acusados y 34 víctimas), 4 en 2019 (con 12 acusados y 15 víctimas), 6 en 2020 (con 14 acusados y 26 víctimas) y 5 en 2021 (con 20 acusados y 67 víctimas).
Respuesta del Gobierno
En su respuesta, el Gobierno español asegura que las autoridades «están extremadamente preocupadas con la situación en lugares con un riesgo potencial de víctimas de trata de personas, como los asentamientos informales de migrantes en Huelva«.
Por eso, en la provincia de Huelva han aumentado las inspecciones laborales preventivas en los últimos años. En concreto, se ha pasado de 57 en 2018 a 119 en 2019, 111 en 2020 (ejercicio afectado por la crisis de la covid), 250 en 2021 y 329 en 2022.
En toda España, las inspecciones de los servicios estatales han subido de 5.075 en 2018 a 5.793 en 2022.
España también insiste en que ha reforzado en los últimos años la formación de los agentes y de los interlocutores sociales, incluidos los de Huelva, para compartir informaciones y buenas prácticas.
