Esta abultada cifra es fruto de un minucioso análisis de los costes de implantación año tras año exigidos por las nuevas leyes que penalizan la actividad agraria, que han sido aprobadas por el Gobierno regional y el Gobierno de Pedro Sánchez, lucros cesantes o pérdidas patrimoniales, entre otros elementos, según las pautas de trabajo que ha aplicado el equipo encargado de completar el informe. En este estudio no se ha valorado como coste el total de hectáreas que han dejado de cultivarse por encontrarse en situación irregular, como los regadíos ilegales detectados.
Estos datos tendrán continuidad con un nuevo estudio que se encargará a la Universidad de Alicante, y que actualizará las conclusiones de los estudios previos que dirigió el catedrático Joaquín Melgarejo, como el presentado en octubre de 2020, que vaticinaban lo que ya está empezando a ocurrir: pérdidas a gran velocidad de hectáreas de regadío, desempleo, ralentización de la actividad agrícola e impacto en el resto de los sectores.
Los análisis de datos han tenido en cuenta principalmente siete factores para llegar a las conclusiones. El elemento que más ha deteriorado al sector agrícola han sido determinados artículos de la mal llamada Ley del Mar Menor, que en poco más de dos años de vigencia ha propiciado, según los agricultores, un deterioro irreversible de sus campos de cultivo y un estado de desistimiento y abandono de la actividad que,
irremediablemente, arrastrará a otras actividades económicas y, en consecuencia, al conjunto de la economía murciana.
