Los representantes del Comité de Gestión de Cítricos (CGC) se vieron sorprendidos ayer por la reacción de los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV que decidieron unilateralmente romper las nego-ciaciones para renovar el Convenio Colectivo de ‘Collidors’ de la Comunitat Valenciana. La asociación de los exportadores de cítricos –que negociaba un posible acuerdo de la mano de Cooperatives Agro-alimentàries CV- considera que la plataforma defendida por los representantes de los trabajadores evidencia “una total falta de compromiso, una grave ignorancia sobre el sector y está muy lejos de entender la complicada coyuntura bélica y económica que padecemos”.
Así se manifiesta la presidenta del CGC, Inmaculada Sanfeliu, quien remarca que la citricultura valenciana lleva años “enlazando crisis de rentabilidad, sufre una clara reducción de las ventanas de exportación y una pérdida de competitividad en el mercado de la UE frente a la importación creciente de cítricos de países terceros, que no tienen barreras arancelarias para acceder y se benefician de unos costes de producción y comercialización mucho más bajos, en ausencia de reciprocidad. Perdemos cuota en la UE y más aún, en países terceros porque competimos con una oferta con unas exigencias laborales, sociales, medioambientales y de seguridad alimentaria mucho más laxas. Y nos enfrentamos ahora, además, a una coyuntura marcada por el incremento de los costes de producción, con un horizonte de inestabilidad en la inflación”, explica la presidenta del comercio citrícola privado.
De la crítica posición competitiva del sector valenciano, que tiene los más altos costes de producción del mundo debido al minifundismo, hablan las propias cifras de las potencias con las que compite: en Sudá-frica, los trabajadores agrícolas tienen derecho a un salario mínimo de 21,69 rands (1,2 euros por hora); un peón en Egipto cobra, en el mejor de los casos, 5 Euros/día.
El actual convenio de ‘collidors’ era y sigue siendo, por el contrario, el acuerdo colectivo que mejor salario ofrece (10,66 euros/hora, nueve veces más que el sudafricano) de entre todos los convenios agrarios del país. De hecho, al contrario que en la mayoría de casos, las sucesivas subidas del Salario Mínimo Profesional (SMI) no han obligado en el caso del de ‘collidors’ a realizar revisión al alza alguna. El incremento que ahora plantean los sindicatos para el primer año –del 4%- más que duplicaría la cifra media de subida acordada este año en el sector agrario en la Comunitat Valenciana -del 1,78%-.
La de ayer fue sólo la cuarta reunión –porque las dos anteriores habían sido meramente de con-formación de las partes negociadoras – y se ha permanecido sentado en torno a la misma mesa no más de 10 horas efectivas de trabajo en total.
Dos días antes, además, los sindicatos habían refrendado en asamblea su intención de ir a la huelga si no se aceptaban sus reivindicaciones y así lo habían comunicado pú-blica-mente. En anteriores rondas negociadoras, los acuerdos se alcanzaron tras mantener, al menos, 11 ó 12 encuentros, mucho más intensos en cuanto al intercambio de posiciones y de larga duración. De ahí que el CGC remarque ahora y ya lo expresara también ayer a los propios sindicatos la evidencia de que “la ruptura y la llamada a la huelga haya sido una decisión premeditada por razones más políticas que laborales”, sen-tencia Sanfeliu.
De hecho, en el poco tiempo que las partes se habían mantenido sentados en torno a la misma mesa se habían alcanzado ya algunos acuerdos concretos y se habían avanzado, en otros. Ha habido otras cues-tiones defendidas por el CGC que demostrarían la sinrazón –por desconocimiento o voluntad de tensar las negociaciones- de la posición sindical. Así se podría describir el empecinamiento con el que los sindicatos rechazan que las cuadrillas dejen de conformarse en función de la antigüedad de los recolectores (lo que obliga a los comercios a convocar uno a uno a cada trabajador).
Tal modo de proceder es claramente inefi-ciente e incluso amenaza con provocar conflictos entre trabajadores de diferentes orígenes. “La realidad es que las cuadrillas se organizan de manera autónoma, agrupadas en función de la nacionalidad de sus integrantes, con la misma cultura y lengua, pues la mayoría son inmigrantes y trabajan conjuntamente para acoplarse y organizarse en cuestiones como el transporte hacia el campo. Plantear ahora otra singularidad más –a añadir al hecho de que la Comunitat sea la única autonomía del país en la que es el comprador y no el propietario del campo es el que asume los gastos de la recolección- es un perfecto sinsentido”, insiste la presidenta del CGC.
