«No podemos permitir que se lleve a cabo esta actuación por un criterio estrictamente político. Ya tenemos preparados todos los recursos, vamos a llegar hasta el final ante una decisión que no lleva el más mínimo informe técnico para poder tomarla», ha dicho López Miras antes de participar con Crespo en una reunión con la patronal almeriense Asempal y la Cámara de Comercio de Almería.
El presidente murciano asegura que «sonroja» leer el plan de cuenca del Tajo ver cómo el Gobierno justifica la disminución de los caudales ecológicos por «beneficio paisajístico», incrementando la lámina de agua en «un centímetro y medio».
Ha recordado que en Almería y Murcia se producen el 50 % de las frutas y hortalizas que se exportan en España , por lo que consideran que el Estado «no puede se puede permitir prescindir para su balanza comercial» de estos cultivos, ya que el trasvase del Tajo-Segura riega 20.000 hectáreas, da agua a 150.000 casas y trabajo a 300.000 personas.
«No se puede recortar a la mitad por capricho político -los caudales a trasvasar- porque el Gobierno de Sánchez lo haya pactado con otra persona o porque se comprometiera en un mitin político en 2017 en Albacete. No se puede dar la espalda a miles de españoles (…) por cuestiones políticas como ha anunciado la ministra Teresa Ribera en varias ocasiones«, ha criticado López Miras.
El presidente murciano ha insistido en que el Levante español no se puede «permitir el cierre» del trasvase con un recorte de más de 100 hectómetros cúbicos, si bien ha señalado que hay que «utilizar todas las fuentes de agua».
En este sentido, ha destacado que en la Región de Murcia se consiguen 111 hectómetros gracias a que se depura el 99 % de las aguas frente al 4 % del conjunto de Europa y el 7 % de España y ha vaticinado que, si la Junta de Andalucía sigue su trabajo en este sentido, llegará a estas cotas pese a llevar «20 años de retraso«.
Eso sí, advierte de que la desalación puede «ser un complemento, nunca un sustituto» por su alto precio y por la «contaminación que genera».
En el mismo sentido se ha pronunciado la consejera andaluza Carmen Crespo, quien ha recordado que una vez se publique el plan hidrológico del Tajo-Segura queda aún el «contencioso» si no se tienen en cuenta las alegaciones y ha asegurado que «van a llegar hasta el final y no es la primera vez que lo hacemos para defender los intereses de regantes y agricultores«.
Crespo ha señalado que se va a profundizar en cómo se puede «ahondar en 28 Hm3 de aguas regeneradas» en el Levante, pero ha asegurado que la intención es que el Gobierno de España «acompañe» a estos territorios sin «recortar la capacidad del Tajo-Segura con informes científicos desactualizados o mal intencionados».
Ha apuntado que en el Levante almeriense son 150.000 personas y 20.000 regantes los afectados por los recortes del trasvase y ha defendido que la bonificación del agua desalada en esta zona tiene que «llegar a 30 céntimos«.
Además, la consejera ha precisado que la única alternativa no tiene que ser la desalación porque en su «tierra seca» no se «desdeña» ninguna «posibilidad hídrica».
