El Principado también declara como zonas tampón (aquellas en las que la polilla no se ha detectado, pero que están sometidas a una especial vigilancia por ser limítrofes con territorios afectados) los concejos de Tapia de Casariego, El Franco, Coaña y Villayón y la superficie de los concejos de Navia, Valdés y Cudillero, excluida la zona infestada.
La resolución establece que todas las plantaciones de patata existentes en las zonas infestadas serán desenterradas, retiradas y destruidas, bajo control oficial, en el tiempo más corto posible.
Asimismo, todas las patatas cultivadas en campañas anteriores, así como los rebrotes de patata de años también precedentes, que aparezcan durante el período de prohibición del cultivo serán igualmente desenterradas y destruidas. La Consejería, que fija diversas indemnizaciones que oscilan entre 0,30 y 0,70 euros por kilo por las restricciones, establece una serie de medidas para el control de la polilla guatemalteca tanto para los almacenes como para los operadores y el movimiento de patata.
