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Nacional

Los expertos proponen subir el SMI en 2023 entre un 4,6 % y un 8,2 %

El informe del comité de expertos presentado este lunes plantea una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023 de entre el 4,6 % y el 8,2 %, con lo que podría alcanzar un máximo de 1.082 euros brutos mensuales en 14 pagas frente a los 1.000 euros vigentes.

La presentación del informe, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido que la subida del SMI es una «historia de éxito», ya que ha demostrado ser una «herramienta muy eficaz» para reducir la pobreza que no conlleva destrucción de empleo.

«El SMI no afecta de manera negativa en la creación de empleo», ha afirmado Díaz, que ha evitado posicionarse sobre una cifra a la espera de reunirse con los agentes sociales, aunque ha avanzado que se tomará «la mejor decisión».

No obstante, ha recordado que «el mandato» del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores pide tener en cuenta factores como la inflación, la productividad, la participación de las rentas salariales en la economía y la coyuntura económica.

Trabajo convocará a patronal y sindicatos el miércoles para escuchar sus aportaciones antes de tomar una decisión sobre el SMI. Les ha pedido que vayan a la mesa de negociación con altura de miras y la mejor de las intenciones.

Tras conocer el informe, UGT y CCOO han reclamado que la subida del SMI llegue al 10 %, hasta los 1.100 euros mensuales, en tanto que UGT ha pedido además una revisión semestral en caso de que la inflación siga al alza.

La propia comisión de expertos ha considerado «oportuno proceder a revisar» la evolución del SMI tras seis meses de su actualización para evaluar si la subida ha sido suficiente, dado el contexto de alta inflación y teniendo en cuenta que las rentas más bajas son las que más sufren el incremento de los precios de consumo.

POSIBLE AUSENCIA DE LA CEOE EN LA MESA DE DIÁLOGO

Respecto a la posibilidad de que CEOE no acuda a la reunión, tras dar por roto recientemente el diálogo con Trabajo, Díaz ha dicho que tendrán que dar explicaciones, no al Gobierno, si no al país, porque con su ausencia estarían incumpliendo su mandato constitucional como interlocutor social.

Díaz ha dejado claro que no va a rectificar la enmienda pactada con Bildu sobre el control de los ERE y que llevó la semana pasada a la CEOE a dejar de considerar a Trabajo como un interlocutor válido.

La vicepresidenta también ha querido señalar que el «ruido político vergonzante» vivido la semana pasada en el Congreso no debería «contagiar el diálogo social», aludiendo a la posibilidad de que la actitud de la patronal tenga un trasfondo político.

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