Cuando los trabajos para el diseño de la “futura PAC” (la que aplicará a partir de 2023) están llegando al momento de adoptar las “grandes decisiones”, CCAA, beneficiarios, organizaciones “hacen cuentas” para valorar cómo saldría cada uno en la foto y van marcando posiciones…
A raíz de la publicación del polémico “Real Decreto Transitorio”, con el que el Ministerio ha demostrado que su apuesta por la aceleración de la convergencia de las ayudas a la renta va en serio, los detractores de esa estrategia han reaccionado. Yo por mi parte querría aportar también mi humilde punto de vista, en calidad de Presidente del Consejo Sectorial de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agro-Alimentarias de España.
La PAC que aplicará a partir de 2023 tiene la particularidad de que las instituciones comunitarias establecerán un marco general, con un menú de intervenciones posibles, pero siendo cada Estado miembro quien deberá decidir cómo, para quiénes, con qué intensidad aplica cada una de ellas. Así, el margen de subsidiariedad para los Estados miembros será más amplio que nunca; aunque no total, pues la UE será quien valide, en último término, las decisiones de sus socios.
Actualmente están transcurriendo dos debates en paralelo sobre el diseño de la PAC. Por una parte, en Bruselas, se discute sobre los reglamentos comunitarios que entrarán en vigor dentro de dos años.
Previsiblemente se llegará a un acuerdo en Trilogos (de PE, Comisión y Consejo) en abril de este año. Por otra, el MAPA lleva meses trabajando en la redacción de su “Plan Estratégico”: el documento político en el que se basará la transposición en España de esa PAC y que marcará el desarrollo normativo que se redactará a lo largo de 2022 y entrará en vigor el 01/01/2023. Me gustaría pronunciarme en este artículo, respecto a lo segundo: esos trabajos del Ministerio.
Después de una fase muy larga de “diagnóstico de la situación de partida de la agricultura española”, de definición de objetivos, identificación de posibilidades, en la que el MAPA ha diseccionado a los sectores y consultado a sus representantes y a las CCAA, ha llegado “la hora de la verdad”.
Ha llegado el momento en el que el Ministerio tomará las grandes decisiones políticas -relativas a la aplicación de la PAC en España para el periodo 2023-2027- que tratará de consensuar con esos mismos interlocutores.
Esta recta final tiene su meta en el mes de mayo. Me centraré a continuación sólo en uno de los instrumentos que deberán definirse: quiénes son perceptores de la ayuda básica, qué hectáreas son elegibles, cuántas regiones de pago deben quedar y qué ritmo debe tener la convergencia. Si fijo la atención sobre este aspecto de la reforma, no es porque sea el instrumento más interesante de todos (para mí, indiscutiblemente, ése sería el régimen de ayudas comunitarias a los Programas Operativos de las OPFH, a pesar de su presupuesto mucho más modesto), sino porque es donde podrían darse los mayores cambios.
Para entendernos: estamos en el momento en que hay que decidir cómo se asignan las ayudas directas de la PAC en España, quiénes las cobran y cuáles son los importes.
En principio, esta decisión debería basarse, por una parte, en las pautas marcadas desde Bruselas y, por otra, en los sesudos análisis arriba referidos, realizados por el MAPA para identificar las necesidades y objetivos del sector agroalimentario español, en su conjunto, a medio y largo plazo.
¿Qué ha dicho Bruselas respecto al diseño en España de la distribución de los pagos directos? Bruselas ha marcado ya algunas líneas rojas: no sobrepasar un montante total de ayuda disponible para España; dedicar una parte de los mismos al objetivo medioambiental (a través de los ecoesquemas) y acabar de converger.
El caso más claro de la falta de convergencia en España sería la situación de una buena parte de los productores de frutas y hortalizas quienes, directamente, quedaron fuera del sistema. Pues bien, esa situación ya no es sostenible, España tiene que dar esta vez, irremediablemente, el paso que no dio en 2014.
Además de tomar nota del requerimiento recibido desde Bruselas para avanzar en la convergencia, por su parte, el MAPA ha llegado a la misma determinación por sus propias razones.
El Ministerio, fijándose como objetivo último mejorar la viabilidad de las explotaciones y basándose en el estudio de la situación de partida, parece haber concluido que mantener el vínculo de las ayudas directas con “referencias históricas” (sustentadas en la realidad agronómica de 2000) no tiene mucho sentido si lo que se quiere es mejorar la sostenibilidad y competitividad de la agricultura, sostener la renta de las explotaciones y atender las necesidades actuales y futuras de los diferentes cultivos, zonas de producción y productores.
Y es por todo ello que el MAPA ha establecido la siguiente directriz para obtener una distribución de pagos directos en el periodo 2023-2027 más simple, objetiva y justa: “dos explotaciones que realizan las mismas actividades en las mismas circunstancias deben recibir el mismo apoyo a la renta”.
Desde el sector de las cooperativas de frutas y hortalizas españolas, y como representante de éstas, querría sintetizar mi opinión al respecto en tres puntos:
Primero, para frutas y hortalizas, comparto absolutamente la premisa marcada por el ministro y -sobre todo- su derivada para nuestro sector, que sería: “dos explotaciones de frutas y hortalizas de características similares deben recibir el mismo apoyo a la renta”. Es decir, reclamamos que se incluya a todas las hectáreas hortofrutícolas en el sistema “ayuda básica a la renta” y lamentamos que no se haya hecho antes.
Segundo, estamos convencidos de que ésta es la única decisión justificable:
- Porque España es el único Estado miembro que se plantará en 2023 sin haber acometido la transformación que se encomendó a todos los EEMM hace 10 años.
- Porque no es sostenible mantener como referencia la realidad productiva de 2000, que no ya no era la de 2014 y mucho menos es la de 2020.
- Porque las explotaciones hortofrutícolas al aire libre o en invernadero se enfrentan al mismo mercado y actualmente compiten en desigualdad de condiciones.
- Porque el debate debería situarse en analizar el impacto del reparto de las ayudas comunitarias sobre la sostenibilidad y competitividad de la agricultura española; lo cual implica incluir a todos los productores hortofrutícolas de España en la distribución de los pagos directos, para conseguir esos objetivos de la competitividad y la sostenibilidad, como también para garantizar el relevo generacional y proteger la rentabilidad de las explotaciones de frutas y hortalizas.
- Porque el cambio es necesario para reforzar la legitimación el presupuesto de la PAC -mejorando la coherencia entre los “objetivos” y el “destino de los fondos”- ante el conjunto de productores y -sobre todo- ante los contribuyentes.
Finalmente, consideramos injustificable mantener apartados del sistema a una parte de productores de frutas y hortalizas teniendo en cuenta las particularidades -precisamente- de esta actividad agraria y de su mercado:
- Que está amenazada por un problema creciente de competitividad derivado -entre otros- de la presión sobre el mercado comunitario de importaciones procedentes de terceros países, con costes de producción (laborales, medioambientales) muy inferiores y en ventajosas condiciones de entrada, consecuencia de acuerdos comerciales en los que las frutas hortalizas fueron moneda de cambio;
- Que ofrece la mayor generación de mano de obra, en regiones con altas tasas de desempleo, contribuyendo a la fijación de población y al desarrollo rural;
- Que reinvierte, como ningún otro sector, cada euro recibido de la PAC en el propio sector;
- Que cumple los nuevos objetivos marcados por el “Pacto Verde” o la “Estrategia de la Granja a la Mesa” dirigidos a potenciar y proteger las actividades agrícolas más sostenibles medioambientalmente y acordes con las preocupaciones actuales de los ciudadanos europeos;
- Que contribuye a conformar la dieta recomendada saludable y equilibrada, base de las estrategias públicas de lucha contra la obesidad;
- Que resulta una actividad económica estratégica para España, en términos de aportación a la producción final agraria y al equilibrio de la balanza comercial…
En conclusión, en los próximos tiempos, cuando se hable de la aplicación futura de los pagos directos en España, creo que habrá que contar con todas las explotaciones de producción en invernadero o al aire libre de fruta y verdura para el reparto, tal y como se viene haciendo en otros países europeos desde hace años y como ha anunciado el ministro español en varias ocasiones, durante los últimos meses.
