En el auto, con fecha de 6 de septiembre y al que ha tenido acceso Efeagro, el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional interpreta que son los tribunales provinciales los que deben asumir el expediente debido a que éste no cumple los requisitos exigidos por la ley para llegar a una instancia superior.
El juzgado de instrucción de Vic declaró que no era competente por primera vez en junio de 2015 y el expediente pasó a manos de la Audiencia Nacional, que en el mes de noviembre de ese mismo año no acepto tal inhibición y le devolvió el caso.
En diciembre el tribunal barcelonés admitió la querella, pero a mediados de junio de 2016 volvió a inhibirse en favor de la Audiencia Nacional después de que aumentara en siete el número de denunciantes -ya son en torno a una veintena en total-, una decisión que justificó por afectar a diferentes provincias y por "ser susceptible de nuevas ampliaciones".
Aunque los delitos de estafa y apropiación indebida sí pueden ser de su competencia, la Audiencia Nacional considera que no debe hacerse cargo en este caso porque "no parece que los hechos denunciados hayan producido perjuicio patrimonial en una generalidad de personas" en varias provincias.
"Tampoco parecen de tal entidad como para que puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil o en la economía nacional", argumenta en el auto, donde se precisa que estas dos condiciones son imprescindibles para que una querella de este tipo llegue a la Audiencia.
Por el momento se está a la espera de conocer cuál es la postura que adopta el juzgado de Vic, que puede ahora asumir la querella o recurrir la decisión de la Audiencia Nacional.
Un miembro de SOS Franquicias, Josep Luque, ha explicado a Efeagro que los hechos denunciados por todos los firmantes de la querella son muy similares, y acusa a DIA de "exprimirlos" hasta llevarlos a la quiebra.
Concretamente, los denunciantes coinciden a la hora de asegurar que las cuentas de explotación que les mostraron antes de sumarse a DIA son falsas, ya que incluso duplicando o triplicando las ventas previstas en ese documento incurrieron igualmente en pérdidas.
También denuncian que les obligaron a comprar a la central más producto del que podían vender -sin haberlo pedido previamente- y que los descuentos en tienda acababan siendo soportados por cada franquiciado, entre otros puntos.
"Cuando te quejas, amenazan con romper el contrato y ejecutar los avales", ha aseverado Luque.
A este grupo de una veintena de denunciantes agrupado en SOS Franquicias se suma otro colectivo diferente, la Asociación de Afectados por Franquicias de Supermercados (Asafras), que también presentó el pasado mes de abril una nueva querella ante un juzgado provincial de Madrid en la que figura en torno a medio centenar personas.
Así lo ha explicado a Efeagro el abogado de Asafras, Elías Carcedo, quien ha detallado que la mayor parte de los denunciantes son personas humildes "que se han hipotecado y arriesgado todo" para montar la franquicia y cuyos avalistas suelen ser familiares o amigos.
Además, ha censurado que sea la cadena de distribución la que "fuerce el cierre asfixiando" al propietario por diferentes vías, con la seguridad de que conseguirá reabrir las puertas en pocos días convenciendo a otro franquiciado.
Consultado el grupo DIA sobre este asunto, un portavoz se ha limitado a señalar que no realizan comentarios de procedimientos judiciales en curso.
El grupo DIA posee en España casi 5.000 tiendas, de las cuáles más de 2.000 son franquicia. A nivel global, incluyendo sus supermercados en Argentina, Brasil, China y Portugal, la cifra de establecimientos supera los 7.760, de los cuáles prácticamente la mitad son operadas en régimen de franquicia.
