El pasado 8 de marzo, el Ejecutivo comunitario planteó esta idea, que se enmarca en la revisión de la directiva sobre el Desplazamiento de Trabajadores y pretende terminar con las prácticas injustas, combatir la competencia desleal y crear un marco jurídico "claro, justo y sencillo", según dijo la comisaria europea de Empleo, Marianne Thyssen, en la presentación de la propuesta.
El portavoz explicó que el martes finaliza el plazo previsto en la normativa comunitaria para que los parlamentos nacionales de los Estados miembros puedan plantear su oposición a la propuesta comunitaria, si consideran que puede infringir el principio de subsidiariedad.
Concluido ese plazo, añadió el portavoz, la CE deberá examinar si se ha alcanzado el umbral previsto en la normativa para iniciar el "procedimiento de tarjeta amarilla".
Ese procedimiento podría obligar al Ejecutivo comunitario a revisar su propuesta y a la luz de la revisión, Bruselas podría decidir si mantener, reformar o retirar la misma.
Según distintos medios europeos, unos diez Estados miembros, entre los que se incluyen Polonia y Lituania, han enviado a la CE un dictámen motivado, al considerar que la propuesta de equiparar los salarios no respeta el principio de subsidiariedad (en virtud del cual la UE sólo puede intervenir en las áreas donde no basta la actuación nacional o regional).
"La Comisión tendrá que evaluar si se ha alcanzado el umbral de la tarjeta amarilla y evaluar todas las opiniones de los parlamentos nacionales", indicó Wigand.
El Tratado de Lisboa introdujo un mecanismo de control de subsidiariedad, que permite a los parlamentos nacionales de la UE emitir dictámenes motivados si consideran que una propuesta legislativa europea no respeta el principio de subsidiariedad.
En sus dictámenes, los parlamentos nacionales deben precisar los motivos por los que opinan que la propuesta en cuestión no respeta ese principio.
Para saber si se ha alcanzado el umbral para iniciar un procedimiento por tarjeta amarilla hay que calcular dos votos por cada parlamento nacional.
El procedimiento por tarjeta amarilla se pone en marcha si los dictámenes motivados corresponden al menos a un tercio de los votos asignados a los parlamentos nacionales, o un cuarto si la propuesta afecta al área de la libertad, la seguridad y la justicia.
