Tras seis años de negociaciones, el acuerdo debe ser votado en los próximos meses por el Parlamento Europeo, que tendrá la última palabra, con tres obstáculos principales para su aprobación: la legislación vietnamita de derechos laborales, la prohibición de los trabajos forzosos (aún permitidos en Vietnam) y la regulación medioambiental.
«A día de hoy, el respeto de los derechos laborales es el principal escollo para su aprobación. Se trata de que Vietnam demuestre que está tomando medidas y va a cumplir. Se está discutiendo un calendario para adaptar las medidas», explica a Efe Juan Fernández Cuervo-Infiesta, consejero comercial de España en Ho Chi Minh (antigua Saigón).
El resultado de la votación, que se celebrará antes de las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, depende de los partidos presentes en la cámara de Estrasburgo y no de lo defendido por los gobiernos de cada estado miembro.
Los empresarios españoles implantados en Vietnam (alrededor de un centenar) lo aguardan expectantes por las posibilidades que abre para facilitar la importación y exportación de productos al país asiático al eliminar progresivamente más del 90 por cien de los aranceles.
«Puede ser importante para nosotros, especialmente en la exportación, no solo por las barreras arancelarias sino también por las no arancelarias. Vietnam tiene dificultades administrativas y costes altos para el registro de productos y eso hace difícil la competencia con los fabricantes locales», expone Josep Bertran, gerente de la empresa de fabricación de bolsas de plástico biodegradables Prink Products.
Bertran apostó hace años por producir en fábricas vietnamitas, pero un tratado convencería a muchas otras, a menudo en detrimento de China, donde el coste de un trabajador no cualificado es 1,5 veces más alto.
«La firma del tratado aceleraría este fenómeno en sectores como la automoción, el textil o el plástico», indica Fernández, aunque matiza que la diferencia del coste por trabajador todavía se ve mitigada por la mayor productividad de los trabajadores chinos y por la ventaja logística de China, con una potente industria auxiliar todavía sin terminar de desarrollar en Vietnam.
Sin embargo, uno de los primeros efectos de la aplicación de un tratado así sería un desequilibrio de la balanza comercial entre España y Vietnam aún mayor que el actual (España exporta por valor de 450 millones de euros e importa por valor de 2.500 millones).
«Es seguro que al principio habrá un déficit mayor en la balanza comercial. La apuesta de UE es para medio largo plazo. Para productos españoles como el vino habría una transición algo larga hasta entrar sin aranceles. No solo con vino se equilibra la balanza, tiene que haber otras cosas», dice Fernández, convencido del potencial del acuerdo para incrementar las inversiones y para el sector de los servicios.
«A los europeos, además de exportar, les interesa la protección de inversiones y el acceso al mercado de servicios. Cuando Vietnam firmó acuerdos parecidos con Japón y Corea del Sur se dispararon las inversiones de estos países. El acuerdo daría seguridad jurídica a quien invierta en Vietnam», dice.
En este punto, el consejero económico destaca las oportunidades que se abrirían para España en el sector de la contratación de obra pública, pero también en sectores como la banca, los seguros, los servicios postales y el turismo.
Fernández reconoce que no todo serían ventajas para las empresas españolas, ya que al aumentar las exportaciones de Vietnam a España sectores como el textil tendrán más problemas para ser competitivos si producen dentro de España.
En este sentido, el instituto central de gestión económico de Vietnam estima que el tratado contribuiría a aumentar el PIB en un 2,5 por ciento en 2020 y en un 4,6 por ciento para 2026.
Pese a los contactos «muy intensos» entre Vietnam y los estados miembros para apoyar el tratado, Fernández reconoce que la decisión del Parlamento Europeo es imprevisible por la diversidad de partidos allí presentes y advierte de que de no aprobarse en los próximos meses, todo el proceso debería empezar de nuevo.
«En unos meses sabremos si entra en vigor y se ratifica o se queda metido en un cajón», afirma.
