La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha advertido hoy en el Parlamento que una “PAC perversa” perjudicará especialmente a los pequeños y medianos agricultores de Andalucía, y ha vuelto a reclamar que el Ministerio de Agricultura dé marcha atrás al Real Decreto de transición porque “castiga al buen agricultor que ha invertido en innovación y sostenibilidad” con una “convergencia brusca que no pide Europa”.
En su intervención parlamentaria, la consejera ha pedido al Gobierno de España que escuche el sentir del sector, quien esta mañana ha mostrado su rechazo unánime y sin fisuras a la reforma que impone el Ministerio, a través una rueda de prensa conjunta de las organizaciones agrarias -Asaja, COAG y UPA- y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. “Si el ministro escucha y rectifica, el Gobierno de Andalucía será el primero en aplaudirle, porque la PAC no es una cuestión política”, ha remarcado, tras recordar que lo que hoy Andalucía defiende es lo mismo que firmó el Gobierno andaluz anterior en 2018 con el sector.
Crespo ha sostenido que mientras la Junta está abierta al diálogo, el Ministerio está empeñado en mantener una posición de “cerrazón” e “inmovilismo” que “nadie entiende, si no es por motivos ideológicos o territoriales”. A este respecto, ha incidido en que el decreto para el periodo de transición 2021-2022 se ha planeado a espaldas del sector y sin tener en cuenta las alegaciones remitidas desde Andalucía.
“Hay un malestar enorme entre los agricultores y ganaderos porque el real decreto del ministerio castiga al buen productor que es fundamental para la economía, el empleo y el medio rural de Andalucía”, ha señalado, tras apuntar que el Gobierno central pretende imponer en dos años una convergencia que en Alemania se ha prolongado durante veinte años. En este sentido, ha puesto de ejemplo cómo en la provincia de Málaga de sus 26.000 agricultores, 14.000 se verán afectados y sufrirán pérdidas en los fondos que recibirán este año y el próximo.
Más allá del decreto de transición, la consejera ha advertido de que detrás de la decisión ministerial se vislumbra la “sombra oscura” de una tasa plana que Andalucía rechaza de plano porque supondría un “recorte brutal” a las posibilidades del campo y de las zonas rurales.
