El gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan), Sergio Cáceres, ha explicado a Efeagro que esta organización irá a la CE a «denunciar las obligaciones e intervenciones de mercado» introducidas en la norma que van «en contra de los derechos de los productores de plátano».
Ha confirmado que para la denuncia, ahora tienen «sobre la mesa dos o tres vías» de actuación, que ya están «preparando el dossier que explicará sus fundamentos» y que ésta llegará a Bruselas «tan pronto tengan suficientemente estructurado el caso».
La chispa que ha encendido el malestar de Asprocan ha sido el paquete de medidas urgentes que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) aprobó en febrero (Real Decreto 5/2020) tras las movilizaciones agrícolas y las tractoradas de enero.
Su mayor novedad es la prohibición de la venta a pérdida o destrucción del valor en la cadena alimentaria e introducir la obligatoriedad de que el precio pactado entre productores y su primer comprador, como mínimo, tiene que cubrir los costes de producción.
El Senado convalidó esta normativa el pasado 2 de diciembre sin tener en cuenta la única enmienda que sobrevivió a su Comisión de Agricultura, la que preveía exenciones en el cumplimiento de la normativa para el sector del plátano.
Tras aprobarse en la Cámara Alta el mismo texto que salió del Congreso, fuentes del MAPA consultadas por Efeagro han indicado que «la Ley de la cadena está pensada, precisamente, para defender los intereses de todos los productores, incluidos, lógicamente, los del plátano canario».
«El MAPA está dispuesto a mantener las reuniones que sean necesarias para aclarar cuanto pueda ser oportuno con el sector (del plátano), pero no encuentra razones objetivas para excluirlo de los preceptos de la ley», según las mismas fuentes ministeriales.
Canarias es la única productora española de plátano y casi el 98 % de las 420.000 toneladas que recoge al año se vende en la Península. Sus 8.000 productores, repartidos en seis de las siete islas, cuentan de media con entre una y media hectárea de plataneras, según el gerente de Asprocan.
«No competimos con cooperativas de Holanda o Italia, sino contra grandes corporaciones multinacionales que producen en varios continentes y abastecen de banana a todos los mercados del mundo», ha añadido Cáceres, quien ha calculado que a Europa llegan cada año cerca de seis millones de toneladas procedentes de América.
«Esa competencia internacional -ha asegurado- provoca un hundimiento de precios: en Mercamadrid puedes encontrar plátano a 60 céntimos/kg y banana americana a 30 céntimos/kg», un precio al que a Cáceres le gustaría saber si verdaderamente cubre costes de producción y transporte.
Los márgenes de la gran distribución complican aún más el escenario para el plátano, ya que en el supermercado se revaloriza hasta un 200 % respecto a su cotización de origen -llega incluso a los tres euros/kg-, muy por encima de la banana, que se oferta a un precio que podría considerarse de «marca blanca».
«La ley de la cadena no resuelve este doble estragulamiento y el desequilibrio que hay en ella para el plátano canario», ha sentenciado.
El gerente de Asprocan ha remarcado que «los productores de plátano están totalmente a favor de los objetivos de la ley española de la cadena, y no solo piden un precio mínimo, sino también una renta mínima para hacer frente a todos los gastos» pero siempre «con medidas consecuentes con el mercado».
«El Gobierno, por decreto, pide al productor de plátano que refleje en el contrato todos los costes efectivos de producción, pero si el mercado no está dispuesto a pagarlo y no tiene compradores, ¿qué hace con ese producto?», ha argumentado en contra de esta nueva obligación.
Para esta organización, el agravante de la aplicación de la ley respecto a otras producciones agrícolas peninsulares es que compiten al 100 % con terceros países «que son imposibles de controlar y a los que no se le aplica ni la directiva europea de prácticas comerciales desleales ni otras medidas adicionales».
También ha alegado que, como región ultraperiférica (RUP), el cultivador canario de plátano tiene que incurrir en unos mayores costes para poner su producto en la Península que los de los otros sectores no insulares.
Sus actuales proyecciones apuntan a que una aplicación de la actual ley obligaría a aumentar al 25 % o al 30 % la retirada del mercado de la producción cada año, que se destinaría a su distribución gratuita entre bancos de alimentos y otras entidades benéficas.
Asprocan también ha advertido de que aún quedan otras modificaciones de la Ley española de la cadena para terminar de transponer la última directiva europea sobre prácticas comerciales desleales; el anteproyecto de ley, que ya está en el Congreso para que los grupos presenten enmiendas, tampoco gusta al plátano de Canarias.
Como ejemplo, ha mencionado que en el proyecto de ley hay cuestiones que añadirán más carga burocrática para las agrupaciones de productores, o que no va a resolver la falta de control de los costes de producción de la mercancía de un tercer país importada por una empresa comunitaria.
