Suárez ha explicado que las concesiones administrativas de la red de Mercas, en las que participan la empresa pública nacional Mercasa y los diferentes ayuntamientos en los que están asentados, tienen fecha de caducidad y «los mayoristas no saben en muchos casos si se van a renovar».
Como ejemplo, ha indicado que los terrenos y las infraestructuras de frutas y hortalizas de Mercamadrid, tras 50 años de funcionamiento, revierten al Ayuntamiento de la capital, que «aún no ha dicho si va a continuar el mercado o va a dedicarlo a otra actividad», a pesar de todo el «empleo» que depende de ello.
En Mercabarna, la expiración se producirá en 2036 tras una reciente ampliación, y en Mercasevilla, tras unos meses en precario con el plazo de las concesiones vencido, continúa funcionando tras ampliarlo cinco años más, ha relatado.
«El tema no está solucionado y, aunque ahora hay buenas intenciones, no hay nada escrito para casos como el de Mercamadrid», ha apuntado antes de indicar que «los empresarios necesitan una certidumbre para poder financiar futuras inversiones en estructuras o cámaras refrigeradas», por ejemplo.
Problemas graves
«Tenemos ya problemas graves para invertir en los negocios, y sin saber la duración de la concesión, no te apoya ninguna entidad financiera con plazos de amortización superiores a ocho años», ha lamentado.
Junto a este «caballo de batalla», Suárez ha mencionado entre los asuntos principales para su nuevo mandato todo lo relacionado con la modificación de la Ley de la cadena alimentaria 12/2013 puesta en marcha por el Gobierno en 2020.
Coemfe presentó el verano pasado en la consulta pública varias observaciones a la modificación de la normativa, como la inclusión del canal Horeca (restauración y hostelería) en la definición de la cadena alimentaria, uno de sus principales clientes junto a los detallistas alimentarios.
«Lo que más nos trae de cabeza es el contrato a comisión, que nunca nos ha dado problema con los proveedores» y que es el más extendido por la «tipología de funcionamiento y la configuración de los mercados mayoristas» de perecederos.
Cargas administrativas
Ahora -ha apuntado- «nos piden la generación de contratos con partidas y precios medios que van a suponer cargas administrativas muy pesadas» para 1.150 pequeñas y medianas empresas familiares que conforman el sector, de las que 650 forman parte de Coemfe.
En esta patronal está además a la espera desde hace meses de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) valide el modelo de contrato que ha diseñado de cara a la nueva redacción de la ley de la cadena, lo que añade «incertidumbre» al futuro de su actividad.
Los mayoristas hortofrutícolas han defendido que la ley sea «más específica» para cada eslabón de la cadena y que «la intervención pública se aplique solo cuando exista un desequilibrio», pero no cuando las relaciones empresariales con un proveedor sobre plazos de pago o comisiones se hagan de mutuo acuerdo.
Ejemplo de funcionamiento
Sobre el efecto de la pandemia en este negocio, Suárez ha afirmado que la actividad mayorista «ha dado un ejemplo de funcionamiento en situaciones difíciles», «sin rotura de la cadena de stocks» o existencias, como sí ocurrió en algunas grandes cadenas de hipermercados y supermercados que no se abastecen en los Mercas.
Coemfe, según su presidente, va a continuar con la «promoción de la figura y la labor del mayorista» para que «el consumidor entienda que su trabajo», a través de los Mercas, «aporta seguridad alimentaria, gracias a los controles sanitarios estrictos que se llevan a diario».
«Y el precio, ya que todos los días confluyen empresas mayoristas que compiten por traer los mejores productos de todo el mundo durante todos los días del año al mejor precio», ha sentenciado.
