El Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino Unido permite que el sector continúe el comercio a través del Canal sin aranceles ni cuotas, lo que garantiza la posición competitiva de los exportadores de la UE en el Reino Unido y un suministro suficiente de productos frescos al mercado británico.
La introducción por etapas de los controles del Reino Unido también está ayudando al sector a adaptarse a los nuevos controles aduaneros y fitosanitarios fronterizos.
Hasta ahora, esto ha evitado el ‘peor escenario’ del caos y largas colas en la frontera entre la UE y el Reino Unido que afectan la calidad del comercio de perecederos.
Sin embargo, el sector ya se enfrenta a importantes costes adicionales debido a la necesidad de nuevos procedimientos operativos, inspecciones y burocracia, según Freshfel Europa.
Los exportadores de la UE todavía están luchando por adaptarse a las nuevas prácticas y requisitos, por ejemplo, en relación con las normas de origen para exportar y reexportar al Reino Unido.
Con el flujo completo de operaciones comerciales aún por llegar y la introducción de certificaciones y controles SPS que se esperan en abril y julio, el sector aún no ha sentido el impacto total del Brexit.
Mantener las relaciones comerciales a través del Canal de la Mancha es esencial tanto para el Reino Unido como para la UE 27 a pesar de las incertidumbres derivadas del nuevo entorno del Brexit.
La UE 27 exporta más de 3,2 millones de toneladas de frutas y hortalizas frescas al Reino Unido, lo que representa el 40% de la demanda interna del Reino Unido.
El sector ya se enfrenta a costos adicionales debido al Brexit que ascienden a aproximadamente 400 euros por camión.
Este coste adicional también difiere según el tipo de producto exportado, siendo los envíos mixtos los más afectados por la burocracia adicional, llegando hasta 500 euros en costos por camión.
En abril, la mayoría de las frutas y hortalizas frescas de la UE requerirán un certificado fitosanitario para ingresar al Reino Unido, y las administraciones de algunos Estados miembros tardarán hasta 48 horas en emitir la documentación en papel, ya que el progreso en las posibilidades de transmisión electrónica sigue siendo lento.
