Así se recoge en la Orden INT/84/2017, de 2 de febrero, por la que se delegan competencias en los delegados del Gobierno en la Región de Murcia y en las Islas Baleares, y en los subdelegados del Gobierno en Almería, Cádiz, Huelva, Málaga, Badajoz, Albacete, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Alicante, Castellón y Valencia.
La orden, que recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), se refiere al Real Decreto-ley 2/2017, de 27 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por determinados temporales y se encomienda al Ministerio del Interior la tramitación de varias líneas de subvenciones.
Estas ayudas se destinan a sufragar daños personales, en viviendas y enseres, en establecimientos comerciales y explotaciones agrarias, compensaciones por prestaciones personales y de bienes y, por último, gastos de emergencia de las corporaciones locales.
El Consejo de Ministros del 9 de diciembre de 2016 declaró a las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga, Castellón, Valencia, Alicante y Badajoz como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil. En el caso de Badajoz, recuerda la orden, la declaración se realizó como consecuencia del fuerte pedrisco acaecido en diversos municipios de la provincia durante los días 6 y 7 de julio de 2016.
