"Las negociaciones sí se han retrasado, pero una negociación como esta es compleja. Había temas puntuales, como el de la tierra, que se complicó por el hecho de que ellos no pueden adquirirlas. Y también porque multinacionales como Del Monte tienen sus protocolos internos", admitió el ministro panameño de la Presidencia, Álvaro Alemán.
Según Alemán, las negociaciones están "en la recta final" e incluso ya existe un "principio de acuerdo" que será llevado previsiblemente al Consejo de Gabinete del 1 de noviembre próximo.
Una vez que el Gobierno apruebe el borrador del contrato, este tendrá que ser refrendado por la Contraloría y la Asamblea Nacional antes de ser firmado, explicó el ministro durante un foro para promover la inversión en las provincias occidentales de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé.
"Como Gobierno vamos a poner por delante los mejores intereses de los ‘baruenses’ y de la gente de Puerto Armuelles para que este contrato ley sea presentado lo más pronto posible y que la empresa Del Monte pueda iniciar sus inversiones", indicó el funcionario.
El borrador del contrato, de 20 años de duración "prorrogables", contempla un inversión mínima de 100 millones de dólares durante 7 años y una fianza de cumplimiento del 5 por ciento sobre el valor total de la inversión, detalló el ministro.
"El contrato con la empresa Del Monte contiene puntos muy importantes para la región y ha sido negociado con el objetivo de sacarla de la depresión que sufre desde 2009 cuando la producción bananera decayó", afirmó Alemán.
Hasta marzo de 2008, la estadounidense Chiquita Brands ostentaba el monopolio de la comercialización del banano en el distrito de Barú, pero decidió abandonar el negocio y transferírselo a los trabajadores de las fincas, que se agruparon en una cooperativa llamada Coosemupar, aunque no consiguieron relanzar el sector.
Del Monte lleva interesada en invertir en Barú desde 2009 y a mediados de abril de ese año llegó a un principio de acuerdo para administrar las plantaciones bananeras durante 25 años con el Gobierno del entonces presidente Martín Torrijos (2009-2014), pero el trato al final no se llegó a concretar.
El pasado abril un grupo de extrabajadores de las plantaciones de Barú se manifestaron para exigirle al Gobierno acelerar las negociaciones en una protesta en la que resultaron heridos una decena de personas.
