"La sentencia fue la semana pasada y la estamos analizando, pero parece ser que habrá que devolver esas cantidades. Hay que cuantificar el importe por que, además de lo ingresado por los operadores, hay que calcular los intereses de demora de todo este tiempo", ha indicado Hernández Bento a los medios de comunicación.
En su opinión se podría hablar de unos 14 millones de euros aproximadamente sólo en la provincia de Las Palmas, ya que aún falta "la sentencia al recurso de la asociación Aceto, de Santa Cruz de Tenerife".
"El secretario general de la Delegación del Gobierno ya se ha puesto en contacto con Fomento para ver de que plazos estamos hablando", ha apuntado Hernández Bento, quien ha desvelado que ya se ha reunido con los interesados para tratar este asunto.
Aunque aún no dispone de información, el delegado del Gobierno ha adelantado que intentarán "agilizar lo máximo posible" un pago que cree que irá contra el Fondo de Contingencias y, a pesar de que es un procedimiento engorroso que precisa el trámite de generación de créditos, espera que se pueda pagar "antes del verano".
El Tribunal Supremo revocó la sentencia que condenaba a los productores de tomate de la provincia de Las Palmas a devolver al Estado casi 12 millones de euros que habían recibido en concepto de ayudas a la exportación en 2002 y 2003, con el argumento de que habían inflado sus costes.
El Supremo anuló así la orden dictada por la Delegación del Gobierno en Canarias en enero de 2011, que reclamaba a la Federación de Exportadores Hortofrutícolas de la provincia de Las Palmas (Fedex) la devolución de ayudas por importe de 8,30 millones de euros, más otros 3,50 millones en concepto de intereses.
Esa resolución del Gobierno contaba con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que consideraba probado que Fedex había hecho un uso irregular de las ayudas públicas y había justificado sus costes con fletes a tarifas por encima del mercado.
El problema que llevó a exigir a los tomateros canarios la devolución de las ayudas que habían recibido para exportar sus productos a Europa partía de un informe del Ministerio de Fomento, que cuestionaba las cifras que aportaba el sector.
