A su juicio, esto se desprende de la propuesta de Orden del Contrato Global de Explotación, donde se regula la ayuda para la instalación de personas jóvenes al sector agrario.
El sindicato informa en este sentido de que esta orden contrasta con lo dicho por el consejero de Agricultura, Josep Maria Pelegrí, que ha reiterado en varias ocasiones la apuesta de su Departamento por la incorporación de jóvenes al campo, y también con la política agraria de la Unión Europea, que habilita mecanismos con el objetivo de facilitar dicha incorporación.
Según la propuesta de orden, los jóvenes tienen que adquirir compromisos por cinco años desde la instalación a la actividad agraria, y durante ese plazo tienen que lograr la viabilidad de su plan de empresa, pero el Departamento sólo contempla los gastos de un año para el arrendamiento de tierras, cuando la Unión Europea permite una ayuda (calculada según la media de necesidades financieras y de gasto de una explotación catalana) por cinco años.
Así, los jóvenes recibirán una ayuda base calculada sobre la media de gastos de instalación inicial en una explotación agraria según su orientación productiva (cultivo principal en la explotación), y esta cantidad puede incrementarse en función de si cumplen ciertos parámetros, como instalarse con dedicación completa en el sector agrario, tener mano de obra asalariada o adquirir tierras o ganado para conseguir llegar a la dedicación completa.
Para este último supuesto, según UP, Agricultura sólo propone incrementar la ayuda en 10.000 euros, lo que supone que una explotación que necesita tierras o ganado para lograr su viabilidad no podrá comprar ni una hectárea de tierra o tanto sólo unas nueve vacas (según la media de precios en Cataluña) con ese dinero.
Por ello, UP lo considera del todo insuficiente y exige al Departamento que incremente este suplemento hasta los 40.000 euros.
El sindicato señala que la normativa europea establece que los jóvenes pueden pedir hasta 70.000 euros de ayuda, mientras la propuesta de Agricultura como máximo llega a los 50.000 euros si cumplen con todos los supuestos, aunque la ayuda media con la nueva propuesta del Departamento se situará en poco más de 20.000 euros.
Por último, UP señala que otro factor que perjudicará que los jóvenes que se instalen será la fiscalidad, ya que con la nueva orden los pagos anuales no son fiscalmente equitativos y afectan de forma perjudicial a las cotizaciones de estos jóvenes al IRPF.