Organizaciones agrarias y Cooperativas Agro-alimentarias han coincido en valorar el compromiso de la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para aplicar la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y luchar contra los abusos.
La ministra se reunió ayer por la tarde con representantes de dichas entidades con motivo del primer aniversario de esta ley, que había sido muy demandada por el sector agrario.
En declaraciones a los medios tras el encuentro, el presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca, ha afirmado que la ley marca "un antes y un después" y ha comprometido su "apoyo total" a esta iniciativa.
Ha destacado el papel "fundamental" que tiene que desempeñar la Agencia de Control e Información Alimentaria (AICA), a la que pide que no sólo se centre en aceite o leche, sino también en otros productos alimentarios.
Villafranca ha reconocido que la presión de la gran distribución a sus proveedores para mantener bajos precios en los lineales de ciertos alimentos puede tener un impacto sobre la viabilidad de las empresas.
Según Villafranca, puede ocurrir que agricultores se vean obligados a vender por debajo de sus costes de producción o incluso abandonar la actividad, y empresas o industrias intermedias alimentarias que también tengan que "echar el cierre".
El secretario general de COAG, Miguel Blanco, espera que la ley traiga "transparencia" y "seguridad jurídica", contrarreste la "posición de dominio" de la gran distribución y acabe con prácticas abusivas, que en su opinión se siguen llevando a cabo, como entregas "a resultas" y sin contrato, el incumplimiento del plazo de pago a proveedores para artículos perecederos, las ventas "a pérdidas" y con los productos "gancho".
Respecto al Código de buenas prácticas comerciales, ha pedido que pueda conseguirse este acuerdo voluntario para finales de febrero y que éste tenga "valentía" para acabar con prácticas desleales.
