En un encuentro con periodistas en Madrid, su director general, Ignacio Magarzo, ha afirmado que es necesario reducir los impuestos porque si no será difícil que se recupere el consumo en alimentación.
Ha recordado que, por segundo año consecutivo, ha bajado el volumen de alimentos que han comprado los españoles -un 0,9 por ciento según los últimos datos Nielsen-, agravada por la pérdida de casi medio millón de personas que han vuelto a sus países de origen o se han marchado fuera de España para trabajar.
Magarzo ha defendido la actual ley de horarios comerciales, porque a su juicio, con un consumo tan poco elástico -el consumidor no compra más por el hecho de que se abran más horas o días a la semana- "sólo supondrá un mayor coste para las empresas".
En su opinión, es un momento clave en la economía española, ya que "nos jugamos la recuperación cuando hay signos y datos que revelan que España está superando los momentos de crisis, como es el crecimiento esperado para los próximos meses o la bajada de la prima de riesgo".
En este sentido, ha apuntado que, sin embargo, no hay datos que permitan hablar de una recuperación del consumo en alimentación, por lo que ha reclamado que se adopten medidas para que las empresas del sector empiecen a crecer y crear empleo.
Aunque, en este caso, ha añadido, "no valen anuncios, sino actuaciones".
Ha alertado del peligro para las empresas del sector, que han sufrido una fuerte contención de márgenes desde que empezó la crisis -se ha pasado del uno por ciento en 2007 al 0,6 por ciento actual- y tienen problemas de liquidez por falta de financiación, si el estancamiento del consumo se consolida.
"Es el momento de adoptar medidas serias y contundentes para promover el consumo interno", en línea con lo que han hecho otros países como Italia, donde se han tomado medidas fiscales para la clases más desfavorecidas para luchar contra el denominado efecto "fin de mes" ("cuarta semana" en Italia), ha señalado.
O como el caso de Alemania con el salario mínimo y la reciente medida anunciada por Francia encaminada de dotar de mayor poder adquisitivo a las clases medias, según ha detallado.
Asedas ha planteado la necesidad de elevar el nivel del debate de lo que se juega España en la Unión Europea (UE) y "no esperar a moverse cuando dos años después las normas han entrado en funcionamiento en España y ya no se puede hacer nada".
Ha alertado de los problemas que para las empresas españolas supondría perder el debate de las emisiones de CO2 y de los gases fluorados con respecto a los países del norte de Europa, que quieren imponer una sustitución de gases por otros que, según Magarzo, no funciona bien en los países mediterráneos con mayor temperatura, así como una maquinaria que tampoco se fabrica en España.
Ha cifrado en mil millones de euros el coste que tendía para las empresas del sector estas medidas.
En la misma línea se sitúa el debate en la UE sobre los sistemas de pago, que para Magarzo puede suponer un coste de 150 millones para las empresas asociadas en Asedas.
Dichas compañías representan el 65,2 por ciento de la superficie comercial de alimentación de España; en conjunto cuentan con 16.000 puntos de venta (más de 5.000 son operados por franquiciados) y dan empleo a 250.000 trabajadores.
