Nunca llueve a gusto de todos, pero en el campo español las precipitaciones y la disponibilidad de agua son cruciales para la viabilidad de las casi 3,9 millones de hectáreas de cultivos en regadío que existen y que suponen el 23 % de la superficie total agraria.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dejó bien claro en octubre pasado que «el impulso de un regadío sostenible y eficiente es una prioridad para el Gobierno de España»; ese mes anunció la puesta en marcha de la Mesa Nacional del Regadío y el Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío.
En la reunión de constitución de la Mesa, el pasado 15 de diciembre, Planas anunció que la Ley de la gestión de la Política Agrícola Común (PAC) 2023/27 -publicada el 24 de diciembre- incluiría una disposición adicional para permitir la doble potencia eléctrica para los regantes en 2023.
Esa era una «reivindicación histórica» del colectivo dedicado a la agricultura de regadío que, según el secretario general de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore), Juan Valero de Palma, debería extenderse al menos hasta marzo de 2024 y a la que solo una pequeña parte de los regantes van a poder acogerse este año.
La partida estrella del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) es la destinada a actuaciones para la modernización y transformación en regadíos, que tiene un presupuesto de 563 millones de euros hasta 2026.
