Según ha informado la Generalitat, estas ayudas están enmarcadas en el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Valenciana (PDR) para el periodo 2014-2020.
La ayuda consiste en una prima básica de 20.000 euros, que puede incrementarse según diversos factores socioeconómicos del joven y de la explotación hasta un máximo de 70.000 euros y en las próximas semanas serán concedidas hasta agotar el presupuesto de 10 millones de euros disponibles en esta convocatoria.
La consejera Elena Cebrián ha declarado que, aunque son "conscientes de que las necesidades del medio rural valenciano superan con creces la cuantía de estas ayudas", es una prioridad la "recuperación del campo valenciano y el desarrollo rural. Por eso, ha sido una de las primeras medidas en poner en marcha del PDR, tras cuatro años de no ser convocadas".
Entre los criterios de prioridad para la concesión de estas ayudas se ha considerado la dedicación de la explotación a la producción ecológica, las solicitudes presentadas por mujeres y las que contemplan la integración del titular en una entidad asociativa para la transformación y/o comercialización.
También se ha tenido en cuenta aquellas explotaciones ubicadas en zonas con dificultades naturales u otras limitaciones que dificulten su desarrollo.
El pago del importe total de la ayuda se realizará en dos tramos, el primero de ellos supone el 70 por ciento del importe total y se abona cuando el joven acredita la instalación efectiva en la explotación.
El pago final corresponde al 30 por ciento del total de la ayuda y está supeditado a que la explotación alcance la calificación de explotación prioritaria tras la ejecución del plan empresarial así lo ha informado.
Para el conjunto del periodo de programación 2014-2020 existe un presupuesto aprobado de 40 millones de euros, por lo que en próximos años van a realizarse nuevas convocatorias.
Con estas actuaciones, la Generalitat pretende ayudar a aquellos jóvenes que decidan dedicarse a la agricultura, sean titulares de explotaciones agrarias y que cuenten con una formación adecuadas para garantizar la viabilidad de sus explotaciones, obtener ingresos dignos por sus actividad y evitar perjuicios y agresiones al medio natural.
