La decisión de enviar a reparto el caso se produce después de que en abril pasado, la anterior titular del juzgado, Mercedes Alaya, dictara un auto de apertura de juicio oral por la venta "fraudulenta" de suelos de Mercasevilla en 2006, que se adjudicaron a Sando por 106 millones de euros frente a los 158 millones que ofreció su competidor, según la Fiscalía.
Entre los acusados se incluyen el exportavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos; el exasesor del grupo municipal del PSOE Domingo Enrique Castaño, el exgerente de Mercasevilla Fernando Mellet; el exconcejal del PSOE Gonzalo Crespo; y el ex asesor jurídico de la lonja, el abogado Jorge Piñero.
También están acusados el presidente del Grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez; el vicepresidente y consejero delegado de Sando, Luis Sánchez Manzano; el exvicepresidente del área inmobiliaria de Sando, José Luis Miró Morales; la exjefa de Vía Pública de Urbanismo María Victoria Bustamante y el economista José Antonio Ripollés.
La juez afirmó que en este caso se cometieron los delitos de fraude y exacciones ilegales y de prevaricación y requirió a los acusados para que prestaran de manera solidaria una fianza por 33.250.000 euros.
El fraude se habría cometido, según el auto de apertura de juicio oral, por el "concierto previo" entre los acusados para que el concurso de los suelos "fuera adjudicado mediante artificio y en contra de la legalidad a la entidad Sanma, defraudando así a los intereses generales de la ciudad de Sevilla y de la propia Unidad Alimentaria".
"La mayor parte de las licitadoras realizaron ofertas de relleno y autoexcluyentes, hasta concluir con la adjudicación del concurso de manera fraudulenta a favor" de Sanma, según las conclusiones de la juez Alaya.
Además, la instructora apreció un delito societario en seis de los acusados, cuatro de ellos cargos públicos y miembros del órgano de administración de Mercasevilla.
Ese delito societario se habría cometido cuando actuaron "con abuso de las funciones propias de su cargo" y tras disponer "fraudulentamente de los bienes de la sociedad en perjuicio de ésta a través de una modalidad de contratación en la que no se valoraba el mayor beneficio económico para la entidad", según la juez.
El auto de Alaya descartó la responsabilidad civil del Ayuntamiento de Sevilla, mientras que la Fiscalía de Sevilla había pedido dos años de cárcel para el exportavoz de IU y el exconcejal del PSOE, así como ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público.
Según la Fiscalía, el concurso público de los suelos se hizo con un pliego de condiciones elaborado "a la medida de los intereses de Sando", y de hecho se le adjudicó a pesar de que ofertó 106 millones de euros frente a los 158 millones de su principal competidora, Noga.
