"Se trata de un tema importante para España por la superficie que el país destina a este tipo de producciones, algo más de 1.600.000 hectáreas", explicaron fuentes diplomáticas.
El pasado marzo, los ministros de Agricultura de la Unión ya debatieron una propuesta sobre este tipo de agricultura que puso de relieve las discrepancias entre los países sobre algunos de los aspectos que se quieren regular.
Sin embargo, "las cosas han mejorado" con los últimos cambios introducidos en el texto, que "responden a las preocupaciones de la mayoría de las delegaciones", aunque todavía quedan dos asuntos que generan divergencias: los controles sobre las producciones ecológicas y la presencia de sustancias no autorizadas.
Sobre los controles, la mayoría de países, incluido España, es partidaria de mantener un sistema de controles anuales como se hace ahora, aunque con disposiciones simplificadas, y no reemplazarlo por controles en función de los análisis de riesgo, como planteaba inicialmente la Comisión Europea.
En cuanto a los residuos de pesticidas, España y otros Estados piden una armonización de los métodos para evaluar su presencia, así como de los criterios para fijar unos límites admisibles, según las fuentes.
Por otro lado, para la cuestión de las importaciones de productos orgánicos, otro de los puntos que más preocupaba a España, se propone una solución que resuelve esas inquietudes, añadieron.
España ha pedido de manera reiterada que se imponga las mismas exigencias a los productores europeos y extranjeros y asegurar así una competencia leal, mientas que Dinamarca y Suecia, entre otros, abogaban por no exigir a los países terceros unas condiciones idénticas, ya que esto podría obstaculizar las importaciones.
El nuevo texto propone revisar el actual sistema de reconocimiento mutuo e incluir normas que permitan "dar garantías" de que esos productos foráneos "cumplen las mismas condiciones" que los autóctonos.
El nuevo régimen se aplicaría después de un periodo de transición, según las fuentes.
El Consejo del lunes aspira a dar una clara "señal política" sobre la necesidad de desarrollar nuevas normas para la agricultura ecológica.
De lograr un pacto, la legislación aún quedaría pendiente del visto bueno del Parlamento Europeo, que tiene previsto votarla en la comisión de Agricultura a mediados de julio y en el pleno de septiembre u octubre.
Sin embargo, si el lunes o a más tardar en la reunión del próximo junio los países no lograr cerrar un acuerdo, la propuesta correría el riesgo de ser retirada, según las fuentes.
En ese caso, seguirían en vigor las normas que se aplican en la actualidad.
