La interposición de demandas por impagos de cosechas en la agricultura valenciana se ha reducido en un 50 por ciento desde la entrada en vigor de las tasas judiciales, según han revelado hoy los servicios jurídicos de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja).
Según recuerda este colectivo en un comunicado, la nueva ley obliga a abonar cantidades de hasta 300 euros para poder interponer una denuncia contra una empresa que no ha pagado por la cosecha comprada, gasto inicial al que hay que añadir los honorarios de los abogados.
La incertidumbre y la habitual declaración de insolvencia por parte de la empresa también están influyendo en el descenso de demandas por parte de los agricultores.
El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, asegura que los agricultores se sienten «doblemente robados», por el Gobierno y por los que no pagan las cosechas.
«Se supone que el objetivo de esta nueva ley y de las tasas es el de mejorar y agilizar los servicios judiciales, pero los letrados de nuestra organización nos aseguran que la lentitud y la falta de diligencia continúan siendo la tónica dominante», lamenta.
