Según los resultados del estudio, la reducción de riesgo cardiovascular se observa en personas con un nivel de educación superior y/o con mayor renta familiar. Ningún beneficio real se observó para los grupos menos favorecidos.
Marialaura Bonaccio, autora de la investigación, ha señalado que el estudio revela que el status socioeconómico es capaz de modular los beneficios de la salud. En otras palabras, es improbable que una persona con un bajo nivel socioeconómico que se esfuerza por seguir un modelo alimentario basado en dieta mediterránea tenga los mismos beneficios de una persona con ingresos más elevados, aunque ambos se adhieran en forma similar a la misma dieta saludable, publica Italia Fruit News.
El estudio señala además que los grupos más favorecidos muestran un índice de dieta de alta calidad respecto a las personas con condiciones socioeconómicas más bajas.
Por ejemplo, entre aquellos que señalan que siguen una dieta mediterránea (medido por una puntuación que incluye frutas y hortalizas, cereales, pescado, grasas, carne, productos lácteos), las personas con ingresos altos o educación superior han consumido productos más ricos en antioxidantes y polifenoles y han mostrado una mayor diversidad de opciones de frutas y verduras.
Esto lleva a pensar que la calidad de los alimentos puede ser tan importante para la salud como la cantidad y la frecuencia de consumo.
La disparidad socioeconómica ejerce diferencias en el acceso a las dietas sanas, según ha advertido Juan De Gaetano, director del Departamento, por lo que los resultados deberían promover una seria consideración sobre esta situación, ya que podría ser que los ciudadanos con menos recursos económicos tienden a comprar alimentos mediterráneos con un valor nutritivo inferior.
Desde el sector de la sanidad señalan que se podrían evaluar medidas, como bajar impuestos en frutas y verduras para favorecer la compra de productos más frescos. O se podría pensar en un sistema que permita descargar las tasas de los productos incluidos en la dieta mediterránea tal y como ocurre con los medicamentos. Por ello, los investigadores concluyen que se debería garantizar un acceso igualitario a productos saludables.
