Olona, por contra, ha asegurado que la orden no es un «capricho» suyo, sino que pretende dar respuesta a problemas que habían venido observando en el caso de peticionarios que luego no conseguían la licencia pertinente y debían devolver las ayudas, lo que causaba un «grave perjuicio» que hay que evitar «por todos los medios posibles».
Ha afirmado que se trata solo de casos «puntuales» pero que estos existen y, además, únicamente han encontrado cinco con el problema de obtener los permisos correspondientes antes de que les sea concedida la subvención, a los que van a prestar asistencia.
Estos cambios en la normativa han sido «ampliamente consensuados» con el sector, ha añadido.
Celma ha pedido al consejero que «no ponga puertas al campo» y no limite la incorporación de jóvenes agricultores porque «sobre la excepcionalidad no se puede regir la norma».
Del mismo modo, le ha instado a que influya, «en la medida de sus posibilidades», para que se elimine el impuesto de sucesiones y donaciones en la comunidad autónoma o se bonifique al 99 por ciento, ya que causa un «grave perjuicio» al campo aragonés, y que declare de interés autonómico todos los proyectos de jóvenes que se quieren incorporar a la actividad agraria, al igual que ha hecho el Gobierno con la instalación de la futura fábrica de BonÁrea en Épila (Zaragoza).
