«Se han apuntado voluntariamente todos los policías», ha señalado Pérez, quien ha asegurado que esta medida, que supondrá un desembolso de 34.000 euros -17.000 euros por el curso y otros 17.000 por el alquiler del dron-, se adopta por la «demanda» de los agricultores locales.
La regidora recuerda que la seguridad en el campo es una «competencia estatal», pero afirma que no tienen «la dotación necesaria de la Guardia Civil para cubrir las necesidades de un municipio que ni siquiera tiene un cuartel, a pesar de contar con 30.000 habitantes».
En este sentido, ha recordado que el municipio cuenta con unas características propias derivadas de su gran extensión y el importante número de zonas agrícolas, que hacen compleja la vigilancia en los diversos caminos rurales con los que cuenta.
