En un comunicado, ha indicado que el Gobierno regional "ha dejado en la calle", sin ayudas, a más de 3.500 agricultores ecológicos, mientras que a más de 6.500 les ha recortado las ayudas en un 67 por ciento, por lo que la mayoría de los que viven de esta actividad no podrán continuar con ella porque no será económicamente rentable.
Asimismo, ha asegurado que el presidente regional, Emiliano García-Page, "no ha demostrado la capacidad suficiente para gestionar eficazmente las ayudas a la agricultura ecológica ni dar una solución real que de verdad contente a todos los agricultores al problema que su Gobierno ha generado".
Según la Plataforma, la agricultura ecológica es un sector con mucho potencial en Castilla-La Mancha, pero necesita de "la confianza" y "la inversión necesaria" para desarrollar toda su capacidad ambiental, productiva y comercial.
Es una actividad "generadora de economía, empleo y desarrollo en el ámbito rural", lo que la hace idónea para contribuir a los fines del Programa de Desarrollo Rural (PDR), ha añadido.
La Plataforma de Agricultura Ecológica ha indicado que desde 2000 los distintos gobiernos autónomos establecieron unas ayudas para compensar los mayores gastos de la agricultura ecológica coherentes con los estudios económicos que en su momento realizaron y que el actual Ejecutivo regional "se han cargado".
"Lo que tienen que explicar es por qué, teniendo el Programa de Desarrollo Rural recién aprobado, han realizado esa distribución financiera tan mala que afecta al 38 % de los agricultores de esta región", ha considerado la Plataforma.
Y ha advertido: "Saltarse lo establecido en la Orden de la Consejería de Agricultura del 2015 y de cambiar las reglas a mitad de partido, pone en peligro la credibilidad de Castilla-La Mancha como región, dado que nadie querrá invertir en una comunidad donde el Gobierno no cumple los compromisos adquiridos".
Asimismo, la entidad ha adelantado los agricultores que la integran están dispuestos a llevar a cabo iniciativas que recojan las inquietudes de todos los productores afectados "y a plantear, llegado el caso, manifestaciones y acciones legales para resarcir los graves perjuicios económicos ocasionados por esta decisión".
