El anteproyecto se remitirá al Parlamento en la primavera de 2017, según los cálculos de la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, quien ha destacado que esta norma pretende una regulación "estable y transparente" del sector.
La nueva ley no incluye la regulación del llamado Banco Público de Tierras, una medida impulsada por IU en la anterior legislatura, cuando gobernaba en coalición con el PSOE.
"El anteproyecto de ley no recoge nada de eso, pero sí la posible enajenación (de tierras) teniendo en cuenta criterios sociales, como la prioridad para jóvenes y mujeres", ha dicho la consejera, que ha detallado que actualmente la Junta dispone de unas 5.000 hectáreas.
El texto define un grupo de explotaciones de atención preferente para la aplicación de incentivos, de forma que además de las consideradas actualmente como prioritarias, se incluyen las familiares que cumplan determinados requisitos (por ejemplo, que sean de mujeres, de jóvenes o de producción ecológica) y las de reducidas dimensiones pero orientadas a la gestión en común.
Entre otras novedades, el anteproyecto incluye el reconocimiento de los profesionales a través del Estatuto de las Personas Agricultoras y Ganaderas, así como la creación del Foro de la Cadena Agroalimentaria, que se encargará de elaborar códigos de buenas prácticas sobre la materia.
Para contribuir a evitar las prácticas abusivas, se incrementan las competencias de control y sanción relacionadas con la cadena agroalimentaria, de forma que, por un lado, fija como infracción muy grave la compra de productos perecederos por debajo del coste de producción que pueda realizar un operador -mayorista o cadena de distribución- abusando de su posición dominante.
Esta práctica de "venta a pérdida", hasta ahora sólo sancionada en el ámbito del comercio pero no en el origen, tendrá multas de entre 50.001 y 800.000 euros, que podrán incrementarse si el beneficio obtenido o el perjuicio causado supera estas cifras.
Por otro lado, se incorporan controles para comprobar si las características de un producto vendido por debajo de su precio de mercado se corresponden con lo reflejado en la etiqueta y, en caso negativo, a partir de ahora la responsabilidad recaerá, además de en el vendedor, en el operador.
Como infracciones muy graves se tipifican también las amenazas y agresiones a los empleados públicos encargados de las inspecciones, que por primera vez tendrán consideración de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
La consejera ha precisado que se realizarán controles específicos para comprobar la calidad del producto y ha recalcado que "se pondrá el foco" sobre esta práctica, de manera que si se detecta que no cumplen lo establecido se podrá publicar la marca comercial de los productos sancionados.
En la misma línea, se prevé la creación del Foro de la Cadena Agroalimentaria, que estará integrado por representantes de los sectores productor, transformador, comercializador y de la distribución, y que se encargará de elaborar códigos de buenas prácticas sobre la materia.
Por su parte, el Estatuto de las Personas Agricultoras y Empresarias Agroindustriales incidirá en el reconocimiento social y legal de los profesionales del sector como generadores de empleo y riqueza y protagonistas de la defensa del patrimonio natural.
La interlocución con el sector se reforzará a través de la creación de dos nuevos órganos: el Consejo Asesor Agrario de Andalucía, integrado por las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs) y la federación de cooperativas agroalimentarias, y el Consejo Agroalimentario Andaluz, en el que además de las OPAS y cooperativas, estarán sindicatos y empresarios ambientales y de trabajo autónomo, distribución, consumidores y mujeres.
En el capítulo de seguridad y calidad agroalimentaria, los productos deberán llevar un documento de acompañamiento durante su transporte, emitido por explotaciones y empresas para facilitar su seguimiento y control de trazabilidad, así como para contribuir a evitar robos y fraude.
Para agilizar la actuación en situaciones de alarma o emergencia de sanidad vegetal, animal o con riesgo para la salud pública, se establece un nuevo protocolo que incluye desde la adquisición urgente de vacunas para prevención de enfermedades hasta la contratación rápida de personal laboral temporal.
En relación con la función social de la cadena alimentaria, se obligará a superficies comerciales, industrias agroalimentarias y otros establecimientos a recuperar y entregar el excedente a organizaciones humanitarias para su distribución, o bien destinarlo a compostaje u otros tipos de reutilización.
El sector agrario andaluz, con más de 240.000 explotaciones, contribuye al PIB andaluz con más de 9.200 millones de euros de valor añadido y 250.000 trabajadores.
