El Gobierno mexicano ha admitido que algunas tierras subvencionadas a través del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) son usadas para cultivos ilícitos, en respuesta a la denuncia de un diario de que familiares de narcotraficantes reciben ese apoyo gubernamental.
En una rueda de prensa el secretario (ministro) de Agricultura, Alberto Cárdenas, aclaró que el Gobierno mexicano actúa dentro del marco jurídico al otorgar los 16.803 millones de pesos (unos 1.270 millones de dólares) a los 2,7 millones de productores beneficiados.
No obstante, en algunos casos es difícil asegurarse de que el uso final de los terrenos es el correcto, dijo.
Por ello reiteró que su ministerio realizará próximamente un padrón del Procampo para iniciar una depuración y dar de baja al destinatario del subsidio al que se le detecten irregularidades, «sin importar al partido que pertenezca o si es funcionario público».
El diario El Universal publicó el pasado martes que tres hermanos del ex presidente Vicente Fox (2000-2006), el actual gobernador de Durango, Ismael Hernández, y los ex gobernadores Fernando Baeza Meléndez (Chihuahua) y Maximiliano Silerio Esparza (Durango), entre otros funcionarios públicos, habían recibido ayudas.
Además, sostuvo que también fueron beneficiados varios familiares de miembros de los cárteles de Sinaloa, el Golfo, Juárez y del Milenio se han beneficiado durante años del programa.
Entre ellos estarían Vicente Zambada Niebla, alias «El Vicentillo», y su hermana, María Teresa, hijos de Ismael «El Mayo» Zambada, líder del cartel de Sinaloa; Humberto García Ábrego, hermano de Juan García Ábrego, quien fuera líder del cartel del Golfo, y Jesús, Ofelina y Aureliano Guzmán Loeara, hermanos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, del cartel de Sinaloa.
Cárdenas recordó este jueves que para recibir asistencia de Procampo es necesario demostrar que los recursos son destinados a la siembra de productos alimentarios.
Además, consideró que no es «ilícito» que un funcionario público goce de esas subvenciones ni tampoco el familiar de un narcotraficante, pues «la responsabilidad penal es personal y no se extiende a familiares».
«Suponer que porque una persona comete un delito es objeto de que se le prive de un beneficio es plantear un nuevo marco jurídico penal», precisó en esa misma rueda de prensa el coordinador jurídico del ministerio de Agricultura, Adolfo González Muñoz.
Desde el inicio de la Administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012), la Secretaría de Agricultura ha cancelado 11.827 ayudas, de las cuales 5.449 se debieron a procedimientos o siembras ilegales, 5.125 por caducidad de derecho y otras 1.576 por autoexclusión, según el ministerio.
El presidente del Senado mexicano, Gustavo Madero, oriundo del norteño estado de Chihuahua, reconoció que su hermano Evaristo, es beneficiario del Procampo.
El propio Cárdenas admitió que también su madre, Margarita Jiménez, recibía este apoyo pero por cuestión de «ética» se dio de baja desde «que supo que su hijo sería secretario de Agricultura».
Según el ministerio de Agricultura el Procampo fue elaborado desde 1994, cuando el país era gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con una vigencia de 15 años, misma que concluyó este mes.
El PRI estuvo en el poder de 1929 al 2000, año en que perdió la Presidencia en las urnas ante el conservador Partido Acción Nacional (PAN), que está en su segundo periodo (de seis años) al frente del Gobierno federal.
