“Vamos a unir nuestras fuerzas para conseguir una adaptación de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria asimétrica y claramente perjudicial para los mayoristas y para el comercio tradicional. Es necesario detener las sanciones contra nuestros empresarios”, tal y como manifiestan Andrés Suárez y Jaume Flores, representantes de las asociaciones de mayoristas de Mercamadrid, Asomafrut, y Mercabarna, AGEM. Ambas asociaciones representan el 50 por ciento del sector mayorista de frutas y hortalizas de la red Mercasa y son las principales impulsoras de la recuperación de COEMFE.
Los mayoristas celebrarán la Asamblea General Extraordinaria para elegir su nueva Junta Directiva y el I Congreso de COEMFE, centrado en el análisis de la situación actual de los mercados y el impacto de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria.
La Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria obliga, mediante un severo régimen sancionador, al pago a 30 días a los proveedores, “unos plazos que no se ajustan a la realidad de nuestros cobros”, explican. “No queremos incumplir la Ley pero pedimos un trato justo ante otros eslabones de la cadena alimentaria como cooperativas y canal Horeca exentos de esta exigencia”. Los mayoristas de frutas y hortalizas suponen un 40 por ciento de la distribución en España de estos productos, sin embargo, desde el pasado julio acumulan cerca del 70 por ciento de los expedientes sancionadores incoados por la Agencia de Información de la Cadena Alimentaria (AICA).
Los empresarios empezaron a recibir el mes de julio las primeras sanciones de “oficio”. “Esto nos indigna, porque consideramos que el tiempo de adaptación y la información suministrada han sido insuficientes. El canal mayorista de los mercas no es el causante de la problemática existente en la cadena, sin embargo los esfuerzos inspectores se han centrado inexplicablemente en este canal. El Plan de Control diseñado al efecto por la AICA para gestionar las inspecciones es inaceptable y discriminatorio, más del 70 por ciento de las inspecciones se realizan en los mercados centrales. “insisten los empresarios.
Comercio tradicional y exportación
Esta situación ha sido el acicate para reactivar la Confederación Nacional, en calma durante más de 15 años. “Necesitamos corregir la falta de representación de nuestros sector ante las instituciones para poder defender nuestros intereses comunes”, explica el representante de Asomafrut, Andrés Suárez.
Por su parte el presidente de AGEM, Jaume Flores, explica que “las pequeñas y medianas empresas no tenemos el poder de la gran empresa de distribución. La Ley ha de contemplar esta singularidad. Estamos obligados a pagar a 30 días a nuestros proveedores. Sin embargo nuestros clientes pagan a más de 45 días y, en caso de la exportación, que supone más del 30 por ciento de la comercialización en Mercabarna, el pago es a 60 días. La Ley no tiene en cuenta nuestra realidad, ni tampoco analiza el sector detallista. Es necesario amparar también al comercio tradicional”.
Desde Asomafrut, ya se han iniciado una ronda de contactos con distintos organismos empresariales para dar a conocer la situación que afecta a los empresarios mayoristas con la aplicación de esta ley que se considera “asimétrica y totalmente sesgada”.
Asamblea Extraordinaria y I Congreso
Efectivamente, los empresarios mayoristas están dispuestos a hacer oír su voz de forma unánime ante la Administración y hacer frente a la aplicación de la Ley 12/2013 de Medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria que fija los plazos de pago en las operaciones comerciales de productos alimentarios (de acuerdo a lo establecido en la Ley 15/2010 de medidas en la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales).
Para ello, está convocada para el día 27 de octubre la Asamblea Extraordinaria de COEMFE en la que se prevé una gran asistencia de empresarios procedentes de toda España. La Confederación elegirá su nueva junta, y, acto seguido, celebrará un Congreso-Mesa Redonda, de análisis de la situación actual del sector y de la Ley para plantear soluciones para el sector mayorista.
Según lo dispuesto en la normativa, los mayoristas, como “operadores” de la “cadena alimentaria”, tienen un plazo de 30 días para pagar a sus proveedores. El incumplimiento prevé sanciones que van desde los 3.001 a los 100.000 euros. La Agencia de Información de la Cadena Alimentaria (AICA), organismo que controla la aplicación de la Ley, ha realizado más de 1.800 inspecciones a empresas mayoristas. El 68 por ciento de los expedientes que ha incoado el AICA son sobre el sector mayorista. Del total, el 39 por ciento por el incumplimiento del pago a 30 días.
