Los empresarios mayoristas hortofrutícolas vienen denunciando desde el pasado verano el agravio y discriminación que sufren por parte de esta Ley, así como “el ensañamiento” del que son objeto con inspecciones sistemáticas y sanciones.
Ahora, la situación “se agrava con la circunstancia del Gobierno en funciones que sume al empresario mayorista en un mayor desamparo ante la aplicación de una ley injusta. No tenemos a quién recurrir de forma efectiva. Sin embargo, el proceso de ejecución de las sanciones no va a detenerse”, explican. Desde COEMFE, critican duramente a Mercasa. “Es parte implicada en la situación que sufrimos los empresarios de fruta y hortaliza de los mercados centrales. Sin embargo, Mercasa ni ayuda ni defiende a los mayoristas de su propia red de mercas”.
Mercasa, pasiva y sin respuesta
Desde el mes de septiembre se han reiterado los contactos con los responsables de Mercasa por parte de COEMFE para exponer la situación generada por la Ley de Cadena Alimentaria y los expedientes sancionadores interpuestos a los mayoristas. A pesar de ello, desde COEMFE explican que “los mayoristas no entienden como Mercasa, siendo miembro del Consejo Asesor de AICA y del Observatorio de la Cadena Alimentaria, no ha tenido en cuenta el impacto en el canal de los mercas, destacando sobre todo que Mercasa es una sociedad de patrimonio público cuyas funciones están directamente vinculadas con la mejora del ciclo de distribución de productos alimenticios, en especial, a través de su red de Mercas”
El pasado 30 de septiembre COEMFE mantuvo una primera reunión con el Presidente de Mercasa, Eduardo Ameijide. Los mayoristas no obtuvieron ninguna respuesta satisfactoria, por lo que COEMFE insistió con esta institución y remitió una carta donde los empresarios expresaban su preocupación por la implicación y repercusión de la Ley 12/2013, sobre todo en lo referente a la exclusión de los controles de AICA al canal HORECA y a la venta a comisión, que es la práctica habitual en los Mercados Centrales.
“La venta a comisión no es equiparable a la venta a resultas y, pese a las críticas recibidas, es una práctica legal, regulada en nuestro Código de Comercio, y cuya práctica es inherente a la propia existencia de los asentadores”, explican.
Ley de pago a 30 días
Las reivindicaciones del sector mayorista hortofrutícola empezaron tras el verano con la aplicación de los primeros expedientes sancionadores y las inspecciones sistemáticas de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).
Los mayoristas insisten: “estamos obligados a pagar a 30 días a nuestros proveedores. Sin embargo nuestros clientes pagan en un plazo mucho mayor, es necesario aplicar las mismas reglas de juego a toda la cadena, incluyendo en su caso operaciones de exportación y al canal Horeca, con el que mantenemos un importante volumen de operaciones y sobre el que AICA no ejerce control alguno”.
Pero la reivindicación de los mayoristas va más allá y piden una vez más ser “reconocidos como el resto de eslabones de la cadena alimentaria, es decir, productores, gran distribución e industria alimentaria” y estar presentes en las reuniones sectoriales y que la Ley tenga en cuenta la particularidad del canal.
