En un comunicado, afirma que no está en contra de la regulación para transportar productos agrícolas hasta el establecimiento de compra, pero añade que "lo que no se puede admitir es que la burocracia y requisitos sean tales que cueste más tiempo y trabajo rellenar la documentación para transportar un remolque que recolectar dicho remolque".
Según especifica la Unión, la multa por no llevar la documentación puede estar entre 5.000 y 600.000 euros, "aunque seamos capaces de demostrar que somos los propietarios de las producciones".
Entre los documentos que deben acompañar a los que transporten más de 25 kilos de productos agrícolas figuran, según La Unión, nombre y apellidos o razón social, N.I.F., domicilio o sede social y teléfono, Unidad de producción de origen de los productos agrícolas identificada por su referencia SIGPAC (municipio, polígono, parcela, recinto).
También el número de inscripción en el Registro General de la Producción Agrícola Tipo de producto agrícola, variedad y peso aproximado en kilogramos, declaración de que autoriza la recolección y traslado y tipo y matrícula del vehículo empleado en el traslado.
Asimismo, se requiera nombre y apellidos o razón social, N.I.F, dirección y teléfono de la persona titular del primer establecimiento de destino de los productos, fecha de traslado y, en su caso, nombre y apellidos, N.I.F. domicilio y teléfono de la persona que actúe como representante, además de lugar, fecha y firma del titular de la explotación agrícola o representante.
Diligencia de pesaje en el primer establecimiento y copia del modelo normalizado de la última solicitud única de la PAC, son otros documentos requeridos.
Para la Unión, si lo que se pretende es controlar los robos en las explotaciones agrarias, nada más fácil que controlar los puestos de compra de estos productos.
A su juicio, con las medidas anunciadas lo único que se va a conseguir es un aumento de burocracia y aumentar la recaudación de fondos a través de las multas que van a imponer a los agricultores que no llevemos la documentación.
La Unión entiende que es más fácil controlar 40 puestos de compra que 4 millones de hectáreas, por lo que solicita a la Junta de Extremadura la retirada de este proyecto de decreto y que se siente a negociar las condiciones para evitar la comercialización de los productos robados con los representantes de los agricultores.
"Le va a ser más fácil al ladrón robar las aceitunas que a los agricultores cumplir con tanto requisito", concluye la nota.
