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Nacional

La Unió detecta contratos de compraventa de cítricos con cláusulas abusivas

Fundamentalmente de casos de precios claramente por debajo de los costes de producción, por lo que pide que se actúe de oficio y se destinen más recursos a perseguirlos.

La organización agraria ha pedido a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, que inicie controles e inspecciones para comprobar el cumplimiento del contenido del contrato de compraventa de cítricos de acuerdo con la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Ese aumento de contratos en el sector citrícola con cláusulas impresas en los mismos en las que el vendedor firma y acepta que el precio de compraventa está por encima de los costes de producción efectivos es «un precedente preocupante y grave«, explica La Unió en un comunicado.

Esta circunstancia puede generar «problemas en las próximas campañas, porque se está asumiendo un coste de producción que no se ajusta a la realidad y que se firma por el elevado poder de negociación de estas empresas y por el miedo a quedarse con la cosecha en el árbol», asegura el secretario general de La Unió, Carles Peris.

En uno de los casos que ha remitido a la AICA, un operador comercial compra 170.000 kilos de naranja de la variedad Lane late a un agricultor, con un precio de 0,10 euros el kilo, cuando los costes de producción ya se sitúan alrededor de los 0,23 euros el kilo.

La Unió lamenta asimismo las «crecientes exigencias» que desde la AICA se solicitan últimamente para formalizar las denuncias contra aquellos operadores comerciales que incumplen la ley de la Cadena alimentaria, pues les piden «cada vez más cosas y trámites para que una denuncia llegue a buen puerto, lo que dificulta enormemente su presentación y hace inviable el proceso«.

Peris considera que el organismo encargado de velar por la transparencia en las transacciones comerciales agroalimentarias debería «actuar de oficio en casos flagrantes de incumplimiento de los contratos y no acumular al agricultor de más faena extra por denunciar algo que supone un abuso».