El pasado mes de agosto, indica, el crudo alcanzó su mayor precio en el período más reciente, situándose en los 51,37 euros por 100 litros.
Desde entonces hasta ahora su cotización se ha recortado en un 56,4 por ciento, situándose en este mes de enero en los 20,16 euros por 100 litro, de media, añade.
Por otro lado, el gasóleo agrícola, en este último semestre ha pasado de una media de 91,03 ?/100 litros, a los 53,69 euros por litros actuales, lo que representa una caída del 40 por ciento, es decir, 16 puntos menos de lo que lo ha hecho el petróleo, añade.
Los impuestos sobre el combustible, además, cuyos componentes son el Impuesto Especial de Hidrocarburos y el IVA, representan una proporción significativa del precio.
Una proporción, lamenta La Unió que, además, ha crecido en este último período desde pesar un 26 por ciento del precio en poste en agosto de 2014, hasta un 32 por ciento este mes de enero.
De estos impuestos se aplica una devolución extraordinaria sobre el Impuesto Especial de Hidrocarburos que se mueve en el entorno de los 90 millones de euros anuales (según último dato publicado por la Agencia Tributaria), en contraposición a los alrededor de 730 millones de euros que el Estado podría haber recaudado en el último año en concepto de IVA.
"Si se descuentan los impuestos, la cotización del gasóleo agrícola habría descendido un 44,8 por ciento, 11,6 puntos menos que el petróleo", afirma el secretario general de La Unió, Ramón Mampel.
"Consideramos que se deberían tomar medidas al respecto ya que la coyuntura de los precios del petróleo no está siendo trasladada, ni por las petroleras en precio de suministro, ni por el Gobierno a través de menores impuestos, al conjunto de los consumidores, pero particularmente a los agricultores", advierte Mampel.
Según explica, la industria del combustible mantiene además sus conductas habituales de repercutir de manera inmediata los incrementos de la materia prima y de retener en sus márgenes de beneficio los recortes en las cotizaciones del crudo.
La organización considera que las autoridades de competencia deberían intervenir de oficio ante este tipo de situaciones e investigar para descartar que se estén realizando prácticas prohibidas en la coordinación de los precios de carburantes, sobre lo que ya han sido sancionadas varias firmas de entre las más importantes distribuidoras de combustibles en España.
