El estudio del Instituto Cerdá, presentado en un acto organizado por la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove) bajo el título «Capacidad del sector obtentor para hacer frente a los retos del suministro alimentario», advierte de que el suministro de alimentos a precios asequibles no está garantizado a medio plazo.
Existen retos estructurales como la necesidad de alimentar a una población creciente, la imposibilidad de incrementar las tierras de cultivo, el impacto del cambio climático, la transición hacia una agricultura más sostenible y los mayores costes de los insumos agrarios.
A esto se une la superposición de crisis como la pandemia y la guerra en Ucrania, así como los riesgos de disrupciones en un sistema globalizado, por lo que los autores del informe ven necesario no elevar la dependencia del sistema alimentario español, sobre todo en algunos productos básicos.
Preocupación en la UE
En la Unión Europea (UE), se estima que la aplicación de la estrategia comunitaria «De la granja a la mesa» permitirá reducir los impactos ambientales asociados al sistema agroalimentario, aunque, sin medidas adicionales, los rendimientos agrícolas pueden disminuir entre un 5 y un 15 %, con el consiguiente aumento de los costes y de los precios para los consumidores.
En ese caso, además, el informe advierte de que la población mundial en situación de inseguridad alimentaria puede incrementarse en 20 millones de personas.
Para producir más con menos recursos en un escenario climático, la actividad del sector obtentor se presenta como una herramienta «clave», si bien el ritmo de innovación en la mejora vegetal hasta 2050 deberá ser un 60 % más acelerado que el observado en las tres décadas anteriores.
En el mejor de los escenarios, la mejora de rendimiento sin edición genética en 2040 sería de un 26,3 %.
Reducir el tiempo a la mitad
El Instituto Cerdá recuerda que las nuevas técnicas de edición genética permiten mejorar las características de las plantas de manera más eficiente y con mayor precisión, ya que el tiempo necesario para obtener nuevas variedades se reduce a la mitad, pasando de 8-10 años a 4-6 años.
Pone de ejemplo las mejoras en los casos del trigo, la cebada, el maíz, el tomate, el pimiento, la soja, el girasol, las lentejas y los garbanzos.
Entre las barreras que impiden que la mejora vegetal alcance todo su potencial, los investigadores citan la normativa europea, que actualmente considera a las plantas editadas genéticamente como organismos genéticamente modificados (OGM), sujetas a estrictas regulaciones que necesitan modificarse.
La regulación, a la espera de la aprobación de la nueva directiva sobre técnicas genéticas, «no es proporcional a los riesgos que suponen las nuevas técnicas de edición, lo que impide el desarrollo de todo su potencial», según el informe.
Además, cabe la posibilidad de que se acaben consumiendo en la UE productos producidos en otras partes del mundo con variedades editadas genéticamente, cuyo cultivo actualmente se encuentra prohibido a escala comunitaria.
El estudio llama la atención sobre la falta de recursos públicos para la evaluación de nuevas variedades y sobre las percepciones sesgadas, puesto que «la edición génica ofrece nuevas oportunidades para la mejora vegetal sin recurrir a la inserción de genes exógenos».
Como conclusión, si no se consigue el desarrollo de todo el potencial de la actividad obtentora, los autores afirman que habrá que afrontar un mayor gasto en alimentación, posibles roturas de suministros y la desaparición de sectores económicos en las zonas rurales.
