«La modificación propuesta, mediante un ajuste legal, extendería los aranceles preferenciales concedidos a Marruecos a productos del Sahara Occidental. Si bien dichos productos estarían obligados a indicar el Sahara Occidental como lugar de origen, los certificados de conformidad seguirían siendo emitidos por Marruecos», ha explicado en un comunicado.
Con esta propuesta, la CE trata de responder a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE.
«Las organizaciones de agricultores europeos advierten de que esto sienta un precedente peligroso, socava la equidad del mercado y pone en tela de juicio el respeto de la UE a las sentencias internacionales», ha agregado.
El Tribunal de Justicia de la UE anuló el 4 de octubre de 2024 en una sentencia el acuerdo comercial entre los Veintisiete y Marruecos sobre productos agrícolas al considerar que el pueblo del Sahara Occidental no dio su consentimiento.
Si bien la corte comunitaria anuló ese acuerdo sobre productos agrícolas, decidió mantenerlo en vigor durante doce meses más, una prórroga que vence en los próximos días.
Ante el vencimiento de la prórroga, la CE ha propuesto modificar el acuerdo.
Copa-Cogeca ha asegurado que una preocupación «clave» es el mecanismo de etiquetado planteado por el Ejecutivo comunitario, «que crearía un nuevo código o designación para los productos saharauis, presentándolos efectivamente como marroquíes».
«Esto induciría a error a los consumidores y generaría una competencia desleal para los productores europeos. Los agricultores de la UE ya se ven gravemente afectados por los aranceles preferenciales concedidos a los productos marroquíes», ha comentado.
Ha añadido que especialmente para productos como tomates y otras frutas y hortalizas, este nuevo acuerdo «les obligaría a aceptar el acceso preferencial para productos que ni siquiera son originarios de Marruecos, sin que se lleve a cabo ninguna negociación».
«Por estas razones, instamos a las instituciones de la UE a que reconsideren este acuerdo en su forma actual. El sector agrícola pide plena transparencia en el etiquetado de los productos e insiste en que la política comercial de la UE debe seguir siendo consistente con los principios del Derecho Internacional», ha subrayado.
Está previsto que los Estados miembros adopten la modificación del acuerdo antes de que el 4 de octubre venza la prórroga de doce meses que dio el Tribunal de Justicia comunitario.
