Como ha venido informando Fenadismer meses atrás, la tramitación y posterior aprobación de la Ley francesa de lucha contra el cambio climático ha contado con el rechazo de las asociaciones de transportistas de aquel país por el contenido de algunas de las medidas que dicha Ley introduce en lo que se refiere al futuro del sector del transporte de mercancías por carretera.
Sin embargo, una vez que La Ley ya cuenta con el visto bueno del Consejo Constitucional (el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional) y refrendada por ambas Cámaras Legislativas, la Ley entrará próximamente en vigor, afectando muy negativamente al desarrollo actual de la actividad del transporte por carretera, afectando no sólo a las empresas de transporte francesas, sino también, a juicio de Fenadismer, a las más de 30.000 empresas transportistas españolas que se dedican al transporte internacional.
Así, entre las medidas más perjudiciales para el sector del transporte por carretera, cabe citar las siguientes:
-Se establece la prohibición de circulación de vehículos de transporte propulsados por combustibles fósiles en los ámbitos metropolitanos de las ciudades de más de 150.000 habitantes a partir del 31 de diciembre de 2024. En apenas 3 años, los vehículos diesel o de gasolina ya no podrán circular libremente en dichas poblaciones, mientras que la disponibilidad de vehículos limpios seguirá siendo muy limitada, por lo que dichas ciudades previsiblemente experimentarán muchos problemas de suministro y a la vez muchos transportistas verán reducida su actividad.
–Se eliminará completamente la devolución parcial del impuesto sobre los carburantes (gasóleo profesional) el 1 de enero de 2030, lo que resulta incongruente ya que simultáneamente se permitirá seguir vendiendo vehículos que utilizan combustibles fósiles hasta el año 2040, por lo que incomprensiblemente los transportistas serán gravados con impuestos elevados durante al menos 10 años.
-La nueva Ley prevé la posibilidad de diferenciar los precios de los peajes según el tipo de motorización o las emisiones de dióxido de carbono. Esto significa, por tanto, que además de pagar un alto precio por el diésel profesional a partir de 2030, los transportistas pagarán aún más los peajes, pese a que esos mismos peajes se han incrementado en más de un 40% desde la privatización de las empresas que las gestionan. A ello se sumará la posibilidad que se establece para los Gobiernos regionales de implantar a partir de 2024 una “ecotasa” a los camiones por el uso de las carreteras nacionales francesas.
Fenadismer considera dichas medidas una “cruzada“ irracional y alejada de la realidad hacia el colectivo del transporte por carretera, que supone ignorar el servicio tan esencial que presta el sector para el desarrollo de las restantes actividades económicas y el suministro de los productos que demandan los ciudadanos diariamente. Hay que tener en cuenta que, según varios estudios científicos, los transportistas emiten menos del 6% de las emisiones de CO² a nivel nacional y el 1% de las emisiones a nivel mundial. El hecho de que los transportistas franceses paguen más impuestos no resolverá el problema del cambio climático, pero sí contribuirá a la “muerte” económica de los transportistas, especialmente de los de menor dimensión .
