En Baleares se fija a partir del aprovechamiento de terreno en cada isla y municipio, según explicó la diputada Asunción Pons, portavoz de Economía del Grupo Popular y coordinadora de la ponencia parlamentaria que redactado el dictamen.
En secano, la superficie mínima se establece para las islas de Ibiza y Formentera en 1,5 hectáreas; en Menorca, en tres hectáreas; en los municipios de la Serra de Tramuntana de Mallorca, así como Artá y Capdepera, en 3,5 hectáreas; y en el resto de municipios de Mallorca, en 2,5 hectáreas.
Para el regadío, la superficie mínima será de 0,35 hectáreas en Formentera, mientras que en el resto de las islas -Mallorca, Menorca y Eivissa- son 0,5 hectáreas.
"Las medidas, actuaciones e instrumentos de esta ley permiten a los payeses contar con un marco legal que reconoce su esfuerzo y dignidad y así obtener unas rentas que garanticen la continuidad de las explotaciones agrícola-ganaderas, cuya supervivencia se ve hoy amenazada por los altos costes y los bajos precios de los productos", manifestó Pons.
Destacó que el proyecto de ley ha sido redactado con el apoyo del sector "durante dos años la Conselleria de Agricultura ha mantenido numerosas reuniones con las organizaciones profesionales agrarias para recabar sus propuestas y aportaciones".
"Esta primera Ley Agraria de Baleares -manifestó Asunción Pons- había sido reclamada durante más de treinta años, porque la agricultura y ganadería de las islas carecían de un marco regulador. Es una ley necesaria, que moderniza el sector, afronta el problema del relevo generacional y ordena la actividad agrícola y el desarrollo rural con un enfoque global".