Las propuestas prometen encendidas discusiones durante su negociación, que se iniciará este mismo mes en el Consejo de Agricultura que tendrá lugar el 20 y 21 de octubre.
Entre los puntos más polémicos figura la idea de poner un techo a las ayudas que reciben las grandes explotaciones, que Bruselas pretende limitar a 300.000 euros, algo a lo que Alemania, Reino Unido y Suecia se oponen abiertamente.
A partir de los 150.000 euros, Bruselas propone que las ayudas vayan decreciendo progresivamente, según recoge el borrador de la propuesta.
Para no penalizar a las explotaciones con muchos trabajadores, los costes salariales se tendrían en cuenta antes de aplicar esos recortes.
No es la primera vez que la CE intenta limitar las subvenciones a los terratenientes, algo que nunca ha salido adelante pero que en esta ocasión podría cambiar, ya que por primera vez el Parlamento Europeo decidirá sobre la reforma de la PAC, conjuntamente con el Consejo.
Otro de los elementos que previsiblemente generarán disputas se refiere a la eliminación de los criterios históricos para el reparto de las ayudas.
El objetivo es establecer en el futuro un pago único que reemplace al actual sistema, en el que los Estados miembros más antiguos reciben ayudas basadas en su producción media durante los años 2000-2002 y los nuevos países obtienen pagos por hectárea.
La diferencia entre lo que perciben unos y otros es grande, en favor de los primeros.
La Comisión, que considera que el pago uniforme por hectárea es más justo y equitativo, pretende extender a todos ese sistema y completar la supresión de los criterios históricos en 2019, según fuentes europeas.
En el último consejo de Agricultura la ministra española de Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, mostró su preocupación por la idea de pasar a una «tarifa plana» de ayudas.
Por otra parte, Bruselas plantea conceder un 30 % de las ayudas directas a los agricultores que hagan esfuerzos desde el punto de vista medioambiental.
En esa categoría ha incluido tres tipos de prácticas «habituales» en el sector: la rotación de los cultivos, el pastoreo permanente y destinar un 7 % de la superficie de la explotación a actividades de valor ecológico.
En estos casos no se aplicaría el techo que se pretende imponer a las ayudas de base, según las fuentes.
A los agricultores europeos, representados por la organización COPA COGECA, les preocupa el sobrecoste y la amenaza a la competitividad que implicará el objetivo de hacer los cultivos «más verdes».
El presidente de esa organización, Gerd Sonnleitner, dijo hace unos días que «no tiene sentido exigir a una explotación que deje de producir en una parte de su terreno, cuando se espera que aumente la demanda de alimentos».
Las propuestas incluyen asimismo incentivos para los jóvenes, ya que en la actualidad dos tercios de los agricultores europeos tienen más de 55 años, por lo que la CE planteará que los menores de 40 años que pongan en marcha una explotación puedan beneficiarse de un pago complementario de 5 % durante cinco años.
También se prevé un procedimiento simplificado de solicitud de las ayudas por parte de las pequeñas explotaciones.
Los tres objetivos que persigue la reforma son garantizar la seguridad alimentaria, la buena gestión de los recursos naturales y el equilibrio territorial.
Se espera que el colegio de comisarios de mañana su visto bueno a esas ideas, que el responsable europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, presentará en rueda de prensa.
La PAC es la política que más absorbe de las arcas comunitarias, con 59.799,6 millones de euros, y España el tercer país más beneficiado, con 7.487 millones.
