Según loa datos de Unió de Pagesos, el sector necesita incorporar a cerca de 30.000 personas en el campo y 15.000 en las cámaras de fruta y muchas plazas no se pueden cubrir porque hay personas dispuestas a trabajar que se encuentran en situación administrativa irregular y, por lo tanto, no pueden ser contratadas legalmente.
La organización agraria ha reclamado el despliegue urgente del nuevo Real Decreto de extranjería, «que debe incluir permisos excepcionales de trabajo para las personas que acrediten residencia en el Estado y dispongan de una oferta laboral, como hace años que propone el sindicato».
“Creemos que se tiene que regular un permiso excepcional de trabajo para las personas que acrediten la residencia en España y dispongan de una oferta laboral que nosotros podemos ofrecer” ha afirmado la responsable de temporeros del sindicato, Carol Aixut, productora de pera y albaricoque en Artesa de Lleida.
Carol Aixut ha afirmado que su propuesta, que puede servir también para otros sectores, cuenta con el apoyo “tanto del alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, como de otras instituciones de la Generalitat”.
La sindicalista se refería así a la propuesta que Larrosa hizo al Estado de crear un censo único de inmigrantes en España para que migrantes sin permiso de trabajo pudieran trabajar en la campaña de la fruta y en otros sectores como la hostelería.
El sindicato ha criticado también que no ha entrado en vigor la modificación del Estatuto de los Trabajadores para introducir una modalidad específica de contratación temporal para el sector agrario, lo que obliga a los agricultores a seguir aplicando contratos fijos discontinuos, una fórmula que, a juicio de UP, es “ineficiente y desproporcionada para las características de la actividad agrícola”.
El sindicato, en rueda de prensa, ha denunciado “los numerosos controles a los agricultores, ya que durante el 2024 se realizaron más de 500 inspecciones laborales en los campos, aunque menos del 1% terminaron con sanción”.
Unió de Pagesos considera que “si bien es imprescindible velar por la seguridad y los derechos de los temporeros, este control no puede derivar en un perjuicio para las explotaciones que actúan correctamente”.
El sindicato ha alertado de que, a pesar de haberse publicado recientemente el orden de las ayudas para alojamientos de temporeros, la convocatoria todavía no se ha hecho efectiva, como ya ocurrió en 2024.
Asimismo, UP reclama que se publique de forma inmediata la convocatoria ya que la última data de 2023, lo que compromete “gravemente” la capacidad de las explotaciones para acoger a los trabajadores.
