Este acuerdo es fruto de un trabajo conjunto iniciado hace unos meses entre la Dirección General de Salud Pública y Consumo de la Consejería de Sanidad y la empresa alimentaria, según informó en una nota de prensa la Junta de Comunidades.
En el acuerdo se establece el procedimiento de las actuaciones a llevar a cabo desde el mismo momento en que una de las partes tenga conocimiento de la existencia de partidas sospechosas, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de los productos que los ciudadanos consuman en la región.
De este modo, mediante el sistema establecido la empresa alimentaria garantiza la retirada en toda la cadena de tiendas de los posibles productos en los que pudiera detectarse una incidencia.
