La norma establece penas de entre uno a seis años de cárcel para el contratista que explote a sus trabajadores aprovechándose de su hipotética situación de precariedad económica.
En el caso de que la explotación laboral se produzca entre violencia o amenazas, la pena aplicable estará entre los cinco y los años de prisión.
El Ministerio de Agricultura italiano explicó en un comunicado que la nueva norma "introduce mayores garantías para la protección de la dignidad de los trabajadores agrícolas".
Para ello la nueva ley, además de reforzar los instrumentos jurídicos de naturaleza civil y penal, permite la confiscación de los bienes de los empresarios agrícolas que incurran en dichos delitos.
Además se establecen por primera vez indemnizaciones a las víctimas de estos delitos.
El ministro de Agricultura, Maurizio Martina, celebró la nueva ley "esperada desde hace al menos cinco años" y dijo que ofrece a las autoridades "instrumentos para continuar una batalla que debe ser cotidiana, porque con la dignidad de las personas no se juega".
